El escándalo de la semana corre por cuenta del denunciado acoso laboral del Defensor del Pueblo. El periodista Daniel Coronell dio a conocer, entre varias pruebas, fotos obscenas, censurables en los medios sociales de comunicación, remitidas desde su terraza. Con estas incontrovertibles evidencias de la falta de sensatez para fungir de enamorado y la ausencia de decoro para representar al Estado, en cualquier democracia respetable es seguro que el funcionario habría renunciado a su cargo. Este respeto a la democracia no reñiría con el derecho de Otálora a su defensa judicial con todas las garantías del caso.
La actitud del funcionario, recientemente cuestionado por varios de sus subalternos por maltrato laboral, no puede ser más patética y reconocida como parte de una cultura de irresponsabilidad. Sí, Otálora refrenda la actitud del expresidente Ernesto Samper, hace cerca de 20 años, cuestionado por ingresos del narcotráfico a su campaña: “Aquí estoy y aquí me quedo” -dijo olímpicamente. Algo parecido hizo Samuel Moreno, el alcalde bogotano cuestionado por rampante corrupción, quien no renunció sino hasta que lo capturaron. Y es que no son parte de nuestra cultura episodios históricos de responsabilidad política, como la renuncia del cuestionado presidente Richard Nixon o del libidinoso expresidente del FMI, Dominique Strauss-Kahn.
En medio de la enojosa señal que recibe la opinión pública, de unas instituciones representadas por gente corrupta y carente de principios morales, uno no sabe si indignarse o reírse. En efecto, en la rueda de prensa que dio Otálora, para asegurar que no renunciaría, dijo a manera de excusa: “Si de algo soy culpable, fue de haberme enamorado”...
El punto que admite en su defensa, es preciso el inicio del problema. Uno se pregunta cómo pudo un hombre maduro, profesional y serio enamorarse de una subalterna. Pero, si así lo hizo, cómo tuvo el funcionario la osadía de extender su relación laboral-sentimental por más de un año, con la persona objeto de su amor. Alguien más sensato y respetuoso de su alta investidura, apenas tuviera conciencia de lo que estaba pasando en su corazón, debió resolver la encrucijada de trabajar con su supuesta amante (ella lo niega).
Hay dos versiones del delito: una del acusador, quien presenta evidencias de ser víctima. Otra la del acusado, el ‘Defensor del Pueblo’, quien insinúa que el acusado miente, pues se trataba sencillamente de un desliz menor, de una “relación consensual”.
La lógica de las declaraciones de cada implicado, la trayectoria de irrespeto laboral del acusado, la responsabilidad mayor a mayor nivel de poder y en defensa del más débil, nos llevan a concluir por ahora que, aún sin negar que podría demostrar su inocencia jurídica en este caso, debería renunciar por indecoroso.
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