Hace ocho días, la Corte Constitucional anunció un fallo que recoge la protección expresa de la Constitución de 1991 a los derechos del medioambiente. En concepto de la Corte son inconstitucionales, en consecuencia, los proyectos minero-energéticos previos a 2010 en estos ecosistemas. Se entiende, entonces, que el fallo aludido resuelve una aparente protección a derechos económicos adquiridos con base en una jurisprudencia que protege la libre empresa y la propiedad privada.
Pero, más allá de sus previsibles consecuencias jurídicas, incluidos mediáticos pataleos económicos y laborales, la noticia reviste particular interés político para Ibagué; este se relaciona con la intención del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo de someter el tema a consulta popular. Aparte de dar un espaldarazo a la deseable autonomía de los municipios en temas medioambientales, el fallo lleva a reflexionar sobre el juicio popular a ciertas iniciativas empresariales, no solo relacionadas con la minería de páramos, que han llevado a una crisis planetaria del ecosistema.
En este punto es importante resaltar la creciente consciencia de la humanidad, que no existía hace dos generaciones. A quien se atreviera hace 50 años a cuestionar cualquier proyecto con el que se ofreciera empleo y riqueza para los colombianos se lo tachaba de comunista, de retrógrado o de irresponsable.
No todos los colombianos saben que los páramos del país apenas ocupan el 3 por ciento del territorio, pero generan el 70 por ciento del agua que tenemos. Sin embargo, y a probar esto iba orientada la pretendida consulta popular, la mayoría de ciudadanos pensamos que no tiene justificación alguna atentar contra el ecosistema.
Hace cuatro generaciones, a principios del siglo pasado, la codicia de los archimillonarios del mundo, empezando por Rockefeller, nos llevó al desarrollo de la industria petrolera. No había que ser un profeta entonces para prever que algún día pagaríamos un costo alto por permitir colosales enriquecimientos de esta industria. Este desarrollo energético, que pudo haberse dado de otra manera, con tecnologías menos nocivas, es uno de los principales componentes del calentamiento global.
Puede que el ser humano que hoy habita el planeta no sea muy estudioso, pero está mejor informado que hace 50 o 100 años. Contra los enfermos de fiebre del oro, que lleva a emprender cualquier negocio que genere capital y trabajo, está la creciente conciencia global.
Ya no es tan fácil manipular la información a través de los dueños de los medios que promueven el desarrollismo per-se, a cualquier costo. Quienes viven del negocio minero en páramos no pueden entonces arriesgar en absoluto los derechos medioambientales comunitarios.
Ciertamente, el fallo de la Corte no es un fallo de ‘comunistas’ que buscan frenar el desarrollo capitalista de Colombia. Es un fallo acorde con una consciencia ambientalista de nuestra sociedad, consagrada constitucionalmente desde 1991.
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