Tras la aprobación del nuevo Código de Policía se desató una polémica sobre el empoderamiento a la policía que aún no hemos digerido del todo.
En esencia, tras la aprobación de la ley, se discuten puntos tan controversiales como, por ejemplo, la facultad que tendrá la Policía para ingresar a viviendas sin orden judicial. Esto reñiría, dicen, con las libertades individuales y garantías ciudadanas.
Para muchos resulta también excesivo que la Policía pueda ejercer autoridad punitiva sobre los colados en los sistemas de transporte público, y quienes pintan grafitis en propiedad privada. Pero, quizás una de las medidas más criticadas por los sectores populares es aquella que prohíbe la ocupación del espacio público, lo cual afectaría a los vendedores ambulantes.
El nuevo código afectaría, en medio de la economía informal que caracteriza a media Colombia, a innumerables rebuscadores de ingresos vitales. Habría sanción para personas que vendan o promuevan servicios, en el transporte público.
El nuevo Código de Policía, en fin siembra una serie de preocupaciones explicables entre los colombianos de a pie, que ven restringidos sus derechos y aumentadas sus obligaciones. Pero también implica más cargas en la clase media empresarial. Si yo soy un empresario, pequeño o grande, por ejemplo, tengo la obligación legal de invertir en baños para el público.
De otra parte, en este balance entre la limitación de derechos (a la intimidad de la residencia, al trabajo y hasta la reglamentación del derecho natural de hacer necesidades fisiológicas) es entendible, entonces, que se presenten resistencias.
Pero en realidad, la mayoría de los opositores a las nuevas medidas expresan su temor con expresiones como esta: “con los niveles de corrupción que hay en la Institución, empoderar a los policías de esta forma es un peligro”, como afirmó recientemente el representante Alirio Muñoz, del Polo Democrático.
En realidad, en mi opinión, el nuevo código apunta a un modelo justificado de sociedad civilizada, que la mayoría de tolimenses apoyamos. Vivir en sociedad tiene ciertamente un costo, y este es el de acatar normas que limitan derechos particulares e imponen deberes en busca de favorecer intereses sociales.
La humanidad vivió muchos años de barbarie, donde quien predominaba era sencillamente la ley del más fuerte, cuyos derechos eran absolutos. Colombia se había estado convirtiendo en un país sin Dios ni ley. Cualquiera podía orinar en las calles de Ibagué, insultar a la Policía o hacer bromas estúpidas en el 123. También se podía impunemente insultar en la calle o en los medios masivos a la comunidad Lgbti.
Ya no podrán hacerlo, es de esperar, con la aplicación del nuevo código. Otra cosa, representante Muñoz, es su batalla legítima por exigir unas instituciones probas y eficaces. En eso estamos de acuerdo.
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