La reforma a la salud debe ser participativa

Una nueva Reforma debe buscar mejorar la confianza de la sociedad en su Sistema de Seguridad Social en Salud y la de sus “agentes” entre sí. Es decir, que mejore las relaciones entre los usuarios y quienes se encargan de gestionar su atención, de los médicos con sus empleadores, de las clínicas y hospitales con las EPS y finalmente la relación médico-paciente, un aspecto desechado por el “mercado de la salud” que estableció la Ley 100 en Colombia. Todo esto para lograr al final del día, una mejora en las condiciones de salud y vida de la población.
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Esta reflexión para decir que cualquier reforma a la salud debe ser construida con la más amplia participación de la sociedad. No puede ser la adopción de recomendaciones de los organismos llamados “multilaterales”, que todos sabemos manipulan los Estados más poderosos del planeta, en pro de sus intereses, que hoy son los del capital financiero. Tampoco la de una sola corriente o partido político, con aspiración presidencial. Ni siquiera puede ser erigida por un único actor gremial, que plantee capacidad, buenas intenciones e invite a la unidad, pero solo para apoyar sus opiniones. Todo ello es anti-democrático y no nos conduciría a la reforma esperada.

Vuelvo entonces al Proyecto de ley 010, para denunciar su falta de apertura a los sectores académicos del país, a quienes no sólo no se les consulta, sino que además se les viola su autonomía. El artículo 44 establece el “Programa Nacional para el Ingreso a especialidades clínicas, quirúrgicas y diagnósticas en medicina” sin la participación de las Sociedades Científicas y las Facultades de Medicina. Este programa debe debatirse a profundidad en la comunidad médica, para buscar un equilibrio que permita superar la falta de médicos especialistas en el país, así como su concentración en unas pocas ciudades. El proyecto deja su reglamentación al Ministerio de Educación y al ICFES. El artículo 45 “Oferta de programas de especialidades clínicas, quirúrgicas y diagnósticas en medicina” establece unos compromisos de formación de especialistas para las Universidades y en su parágrafo 1 señala que su cumplimiento “será criterio esencial para la prórroga del registro calificado y la acreditación de calidad”, sometiendo la autonomía universitaria a los criterios del ejecutivo.

El artículo 46 “Denominaciones de especialidades médicas” le otorga al Ministerio de Salud facultad de re-definir los programas de especialidades en medicina, y en su parágrafo 2 plantea que “las denominaciones de especialidades existentes deberán tener un periodo de tiempo definido para la homologación a las nuevas”, lo cual no es claro adónde apunta, suena inconveniente y tampoco se ha debatido al interior de las sociedades gremiales. Se plantea una modificación arbitraria a la Especialidad de Medicina Familiar, pretendiendo modificar su currículo y forma de estudio, que puede ser “en programas mixtos, presenciales, semipresenciales o virtuales”. ¿Y si esto se generaliza dónde queda la calidad?

El modelo de atención propuesto “atención primaria integral con enfoque familiar y comunitario”, está basada en que los médicos generales y familiares, resuelvan la mayor cantidad de problemas de salud y sean mejores filtros para el acceso a especialistas. Esta atención de bajo nivel, no reemplaza una verdadera política de Salud Pública, basada en Atención Primaria renovada, intervención de los determinantes sociales de la salud, salud colectiva y territorial, sobre lo cual el proyecto de ley hace modificaciones insustanciales.   

Sobre los regímenes exceptuados de la ley 100, que se basan en el reconocimiento de derechos adquiridos y que se han configurado en verdaderos Sistemas de Salud, vengo alertando que este proyecto pretende debilitarlos. A los Maestros colombianos de Fecode y a los Universitarios, a los trabajadores de Ecopetrol y a las Fuerzas Militares y de Policía, se les pone la carnada de un supuesto plan único de salud PLUS, que no serán MÁS prestaciones y derechos, sino al contrario, MENOS. Sabemos que también tienen fallas, muchas derivadas precisamente del sistema general, que con 40 billones de pesos de deudas con las Clínicas y Hospitales, son una barrera de acceso al derecho fundamental a la salud. Debemos defenderlos como ejemplos ciertos de que la salud en Colombia, puede ser brindada con unas reglas distintas a las del fundamentalismo de mercado.

WILSON CEDIEL MARÍN

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