Los carteles en aumento

Cuando las naciones van creciendo en medio de la sociedad individualista, las relaciones económicas y de consumo se globalizan y aparecen las desviaciones o manipulaciones del mercado, entre ellas, el surgimiento de los llamados carteles. Ya se volvió lugar común en Colombia, el reconocimiento de la existencia probada en ciertos casos y en otros, en curso de investigación, de organizaciones montadas para el desarrollo de esta viciosa práctica.

Una idea aproximada de la cartelización de una actividad económica o de servicios, es que esta ocurre cuando un grupo de empresas vinculadas a dicho sector, hacen acuerdos con el propósito de eliminar o arrinconar la competencia, para luego repartirse el mercado, y una vez asumida esa posición dominante, manipular hacia el alza los precios, obteniendo abultadas ganancias y de paso afectando a los consumidores, sobre todo, a las clases medias y pobres, quienes son las que con mayor intensidad padecen este abuso.

Los carteles violan con todo tipo de impunidad la libertad de competencia, orquestan redes, en las que corrompen los centros políticos y administrativos de autoridad y decisión, como son los funcionarios públicos, que permiten o no, abrir cupos de importación a precios internacionales moderados, de los artículos sujetos de esta mañosa práctica, facilitando en forma sostenida su consumación.

Ya son una larga lista las actividades que por simples sospechas o por realidades tangibles, se suman a esta aberración económica, el sector cementero, los pañales, el papel higiénico, el azúcar, entre otros que castigan productos básicos de la canasta familiar. Pero, se habla de servicios tan importantes como la vigilancia, que podría estar desde hace tiempo sujetando sus precios a esta ilegal estrategia. Lo anterior, sin incluir en esta lista, las redes de carteles de la contratación pública, porque es ingenuo pensar que solo Bogotá ha sido el territorio afectado por este flagelo

Ante esta epidemia corruptiva que amenaza a toda la sociedad, el mayor de los retos lo van a tener las autoridades de control y castigo. De lo contrario, este ilícito puede tomarse sectores vitales de la economía; si se quiere que no progrese, del modo que ya se observa, se requiere de una convicción política y mano dura para su erradicación, puesto que, en el mismo Congreso y en los altos cargos públicos, seguramente están los encargados de hacer el mandado torcido, para mantener y acrecentar su práctica.

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