La última revolución agrícola ocurrió el siglo pasado, cuando se sucedió la llamada “Revolución Verde”, que impuso las prácticas modernas de riego y los agroquímicos, estos últimos en particular han permitido, por una parte, el control de plagas y malezas, y por la otra, la fertilización con diversos compuestos nutrientes adecuados a cada tipo de suelo. No pasaría, sin embargo, mucho tiempo sin que estos compuestos comenzaran a mostrar, además de los efectos benéficos en la productividad de la tierra, sus propiedades adversas, para el medio ambiente y también para la salud de los seres humanos que los manipulan y los animales queestán bajo su radio de influencia.
Es el caso del glifosato, producto con el que se vienen fumigando los cultivos de coca, como parte del programa de erradicación de cultivos ilícitos, conectado a la política antidrogas acordada con los Estados Unidos, como país financiador. Esta actividad se practica por medio aéreo, y su dispersión por seguridad se debe efectuar a mayor altura, pero, debido a la acción de los vientos, se ha denunciado que está causando daños graves a las fuentes de agua y los recursos naturales de las zonas aledañas; se perjudican además, los otros cultivos lícitos y de pancoger, que plantan los campesinos de estas zonas para su subsistencia y la salud de sus familias, muchas de las cuales resultan desplazadas como consecuencia de estas afectaciones.
La manifestación del Ministro de Salud en el sentido de pedir la suspensión de esta práctica, en cultivos ilícitos, se sustenta en un fallo proferido por la Corte Constitucional, dado el potencial riesgo que representa, para la salud de las personas que puedan entrar en contacto con dicho producto, definido por la Organización Mundial de la Salud, como un compuesto potencialmente cancerígeno.
Ante la controversia que suscita este requerimiento oficial, hay que reconocer que esta medida es necesaria, por cuanto tiende a preservar el derecho fundamental a la salud y el bienestar de los colombianos que reciben en carne propia los perjuicios de esa sustancia. Además, el Gobierno está obligado también a preservar el agua y los demás recursos naturales que están siendo afectados por este compuesto. Este es otro hecho que refleja la necesidad de modificar la política antidrogas, y utilizar, por ahora, erradicación manual y métodos alternativos para desterrar los cultivos ilícitos en las zonas rurales de Colombia.
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