Durante los años últimos años el Gobierno colombiano y las administraciones de varios países latinoamericanos han mostrado su regocijo por los resultados en la lucha contra la pobreza. Estos logros, conseguidos al amparo económico que produjo el auge de los principales productos de exportación de la región, denominados comodities, se han caracterizado por una importante reducción de las formas de pobreza, que incluyen pobreza y extrema pobreza, medidos por el ingreso de las personas y desde el punto de vista multidimensional.
Bajo las circunstancias actuales, de un menor ingreso estatal, generado por la crisis de las cotizaciones del petróleo y el dólar, que se prevé que se prolongará por el año en curso y otros más en sus manifestaciones y consecuencias; y precedidos por la certeza de que la inversión social en estos casos, se afecta con bajas y disminuciones en su crecimiento, es de esperarse que estos efectos se seguirán manifestando con mayor intensidad sobre la población pobre y vulnerable del país.
Pero existe otro agravante más para la vida de los colombianos pobres: el fenómeno de ‘El Niño’, que está empeorando su situación, puesto que perjudica severamente a las familias pobres campesinas, que han perdido los cultivos de sus pequeñas parcelas por la sequía y afrontan las secuelas de la escasez del agua para todas las demás facetas de sus vidas.
Otra circunstancia agravante que trae ‘El Niño’ radica en que ha promovido el aceleramiento en la inflación, al producir bajas en la producción de alimentos, que han elevado los precios de este renglón de la economía. Estas alzas en el valor de la comida preocupan moderadamente a las familias de clase media y de los estratos superiores, porque la proporción de sus ingresos que invierten en alimentos es baja, relativamente, mientras que, para las familias pobres o en pobreza extrema, esta proporción equivale a la mayor parte de sus ingresos, lo que los hace más vulnerables a caer en mayores escalas de pauperización, como lo evidencian los noticieros alrededor del caso de La Guajira.
La situación amerita una reacción del Gobierno nacional y los de todos los territorios, que deben promover programas y acciones de acompañamiento a las poblaciones más vulnerables, para evitar que la desnutrición haga estragos en ellas, sobre todo en los niños y desarrollar políticas destinadas a generar empleos temporales que ayuden a palear en ellas, esta difícil coyuntura.
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