No había terminado el estupor de la gente con el episodio del Defensor del Pueblo, con todo su entramado, que incluye abusos por acoso laboral y sexual supuestamente cometidos por un personaje de tal relevancia nacional, que condujo a su renuncia, cuando se precipitó otro escándalo no menos trascendente en la Policía nacional, que incluye una serie de posibles abusos por unos uniformados de alto rango, induciendo a otros de menor jerarquía a activarse en un círculo de prostitución masculina.
El segundo caso agranda sus implicaciones institucionales, puesto que, aparecen otros presuntos actores, el Viceministro del Interior, quien renunció a su cargo, y parlamentarios, que es probable que se hayan beneficiado de este comercio irregular y obtenido favores sexuales de uniformados policiales, a cambio de su respaldo para ser promovidos a grados mayores. Pero, aunque estos hechos de por sí son vituperables, existe en medio de ellos un elemento común, que los hace más censurables: el tráfico de poder que llevan de por medio.
Es repetitivo y se volvió común, lamentablemente en nuestro medio, que personajes que ostentan poder o autoridad en el Estado terminen usando sus prerrogativas para exigir y obtener dinero o favores especiales, de quienes por necesidad deben relacionarse con ellos para recibir algún apoyo, producto de su resorte de decisiones. Prácticamente ésta forma bellaca de ser, ya casi se convirtió en una cultura admisible, por su abundancia.
Cada uno de estos eventos deja secuelas negativas en la sociedad, que día a día pierde su capacidad de asombro, ante la corrupción y la decadencia moral que se observa en personas que están llamadas a ser ejemplo en su accionar, pero que defraudan con sus comportamientos.
Pero, ocurren otras situaciones que afectan al país, relacionadas con hechos como los comentados, la falta de una pronta y eficiente justicia, que rodea a casi todos estos sucesos. Lo normal es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría presurosamente abren sendas investigaciones, como ya lo hicieron con los casos comentados, pero todos sospechamos lo que pasará después: ambos casos quedarán en nada. Eso sí, queda otro grave daño, el que causan los medios de comunicación, divulgando públicamente videos o conversaciones que involucran personas, que sin haber sido vencidas en juicio, ellos y sus familias, en forma prematura e injusta, resultan sometidos al matoneo de vecinos, compañeros de estudio y visitantes de las redes sociales.
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