Respecto de este tema, causa por lo menos curiosidad, lo ocurrido en días pasados en un debate de control político que se cumplió en el Congreso, suscitado por el hecho de que no se ha instaurado el voto electrónico en Colombia, dados los antecedentes de que en los años 2004 y 2011 en sendas leyes se ordenó la instauración de este sistema para antes del año 2014, sin que este plazo establecido, se haya cumplido.

En esta ocasión tomó la palabra la senadora Claudia López y enfáticamente afirmó: “Lo que he encontrado es que esa reiterada violación de las leyes y aplazamiento de las órdenes del Congreso de la República en esta materia, tienen que ver, por un lado, con redes de corrupción de registradores y políticos, que se ganan las elecciones manipulando el papel en el que se hacen las elecciones, y por otro lado, con los muy jugosos contratos que se ganan amigos muy cercanos del Presidente en la Registraduría, para hacer las elecciones en papel”.

Más  adelante la Senadora habló de que las licitaciones, de la nombrada entidad, estaban hechas a la medida de unos de los contratistas del papel con el que se hacen las elecciones, amigos cercanos del Presidente y expuso que él fue  parte de la Junta Directiva de la Compañía Thomas Gregg And Sons, beneficiada junto con sus asociadas con el 86% de la contratación de la Registraduría.

Se espera que la congresista López, tenga evidencias de sus enfáticas afirmaciones contra el presidente. Así mismo, era de esperarse que esta acusación fuera objeto de algún pronunciamiento del Gobierno, negándola rotundamente y  dando claridad sobre la transparencia de la contratación en la Registraduría.

Esto último creo que no  sucedió, seguramente porque la mayoría de este país, abrumado por hechos de corrupción en sus altas esferas, no reacciona ante las nuevas denuncias. Si el estado de cosas llega a tales extremos, los colombianos estamos condenados a aguantar otros cien años de esclavitud, de quienes se roban el futuro del país.