La propiedad intelectual nació como un mecanismo previsto para proteger la investigación y el desarrollo de los productos. Mediante la inventiva y la investigación, se han generado los bienes y servicios más importantes para el progreso y mejoramiento de la vida en familia y en comunidad.
Tal es el caso de los medicamentos en que a los inventores y desarrolladores se les protege con patentes, normalmente por veinte años, con exclusividad para comercializar y explotar sus productos, reponer sus costos y generar ganancias, que estimulen nuevas investigaciones y más progresos en la lucha contra las enfermedades. Luego de terminada la vigencia de las patentes, otros productores podrán fabricar y vender el fármaco, su elemento esencial o -droga genérica- a bajos costos, llevando así la salud a las personas más pobres o a quienes no pueden hacer uso de sistemas eficientes de atención, que generalmente son costosos.
Sin embargo, como ocurre con muchas de las leyes y condicionantes del régimen de libre mercado, suceden los excesos, que para el caso de los fármacos, es el abuso que cometen las multinacionales que producen los medicamentos, sobre todo aquellos que atacan enfermedades complejas o catastróficas. Estos monopolios a través de sus agentes ubicados en las esferas del poder, abusan de la libertad en el manejo de los precios de los medicamentos, obteniendo ingentes ganancias, al tiempo que la población pobre padece quebrantos de salud, sin esperanza de alivio.
Últimamente se destacan hechos positivos, como el de la lucha del ministro colombiano de Salud, ante la multinacional Novartis, él busca que uno de esos astronómicos precios, el del Imatinib, usado contra la leucemia mieloide crónica, disminuya de un valor de 700 pesos por miligramo a 140, pretensión más que justa, pero, que ha sido contestada negativamente por dicha compañía.
La comentada gestión del ministro Gaviria sienta el buen precedente, de que nos obliga a reconocer un hecho evidente, los precios de los medicamentos en Colombia, son unos de los más caros del mundo, sin duda, porque el Gobierno lo ha permitido, con un régimen escueto de libertad de precios de los fármacos, que ha facilitado el abuso que están cometiendo las multinacionales del sector. Este debe ser el comienzo de una lucha, que tiene que continuar con la presión de las organizaciones ciudadanas, en la búsqueda de que los pobres puedan también adquirir estos productos.
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