Luna de miel institucional

Se ha superado una velada confrontación, y a veces bien pública, entre las ramas del poder, que acompañó por largo tiempo la pasada administración presidida por el presidente Uribe. En ellas, las iniciativas de reformas a la justicia se percibían como búsqueda del Ejecutivo de recortar autonomía al Judicial, o del Judicial de endurecer facultades para controlar el Ejecutivo, mientras que el Legislativo permanecía como silencioso invitado de piedra en ese trascendental debate institucional.

Con la presentación, la semana pasada, de proyectos de reforma a la Justicia tanto por la Presidencia de la República como por el Consejo de Estado, se percibe un nuevo ambiente de discusión serio y de elevado contenido académico sobre este importante tema de indiscutible contenido constitucional. No existe consenso alrededor de las reformas al sector justicia, pero vale la pena destacar el respeto y ponderación que los voceros de las distintas ramas del poder han dado a todas las iniciativas legislativas. Se presenta entonces, de manera favorable para la democracia, un sereno y respetuoso ambiente de discusión, que es necesario conservar y fortalecer.

El Legislativo, sin lugar a dudas, ha adquirido un indiscutible papel protagónico, impulsado tanto por el Ejecutivo como por el Judicial, y se espera cumpla a cabalidad sus funciones legislativas, ante los históricos retos planteados. La Corte Constitucional trasladó a competencia del Legislativo la definición de ejes fundamentales para la vigencia futura de los derechos inherentes al matrimonio civil de parejas del mismo sexo. Y, la Presidencia de la República, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, a través de sus respectivos voceros, han expresado confianza en la responsabilidad de la Cámara de Representantes y el Senado, en el trámite eficiente y eficaz de estas trascendentales reformas. Estas, entre otros asuntos bastante divulgados en los medios de comunicación, se refieren al futuro del Consejo Superior de la Judicatura, el alcance de la Acción de Tutela frente a fallos de las altas Cortes y la intervención de las Cortes en la elección de Procurador y Contralor.

Para el Tolima resulta, de especial interés, conocer desde ahora el pensamiento de congresistas elegidos con votos tolimenses en estos significativos debates.