La masiva concentración del pasado sábado en el Urabá antioqueño fue una expresión de fuerza y unidad que estaba haciendo falta.

Si bien replica lo acontecido en el estadio de Barranquilla, la presencia de diversos sectores sociales y políticos en una de las zonas de mayor convulsión le da un cariz de solidez necesario para la consolidación del proceso de apoyo a las víctimas y de respaldo a la restitución de tierras.

Las lecciones del pasado para algo deben servir: los palos en las ruedas de la Revolución en Marcha en los años treinta y cuarenta del siglo pasado, la conspiración de Chicoral contra la Reforma Agraria propuesta por el gobierno de Carlos Lleras que intentaron llegar a la médula del conflicto colombiano: la propiedad de la tierra.

En esta ocasión el Gobierno nacional y una buena parte de la coalición de gobierno (fueron notorias en Necoclí muy particulares ausencias) han decidido hundir a fondo el acelerador ante las amenazas físicas de los violentos y los arrebatos de la oscura caverna que ven en la posición gubernamental un sincero ( y por tanto peligroso) compromiso de reparar los abusos del pasado.

El brazo político de los usurpadores ha querido presentar las leyes de tierra y reparación como una amenaza a los propietarios legítimos de las tierras y por eso es menester repicar día y noche una especie de mantra que señala que quienes deben temer son quienes mediante la violencia o a través de torticeras maniobras se apropiaron de tierras ajenas o se adueñaron de bienes del Estado.

Por supuesto que habrá quienes quieren pescar en río revuelto y reclamar lo que no les corresponde y a estos que pretenden envilecer el proceso debe caerles todo el peso de la ley; pero como los despojos se produjeron por medio de la fuerza y en perjuicio de los más débiles es que la carga de la prueba en las restituciones está en manos de quienes son acusados de la usurpación.

Sin duda la fuerza del Estado tendrá un papel estratégico pues el aparato judicial deberá trabajar sin pausa y con extrema eficacia para que la inconmensurable tarea se lleve a cabo, pero también con el apoyo de las armas de la república pues grandes gestores del despojo han sido los grupos armados ilegales que en su afán de consolidación de territorio causaron la inmensa tragedia que se mide en cientos de miles de muertos, heridos y abusados y millones de colombianos desplazados.

Las manifestaciones de fuerza como la presenciada en Necoclí deben repetirse para que los violentos y sus inspiradores sepan que todo el país está de parte de los desposeídos y al lado del Gobierno.