La convulsión ha sido el estado recurrente del orden público en Colombia en años sin cuenta y en ese espiral de violencia adobado con venganzas, retaliaciones, ambición política, disputa por el poder, solidificación de imperios criminales y pretensión de monopolizar el territorio, han sido utilizadas todas las formas de lucha y operadas todas las armas desde las más innobles hasta las convencionales.

En ese tráfago a través de los lustros ha sido común el engaño y la manipulación al punto de alterar la percepción del ciudadano sobre lo sucedido, que unido a la lentitud del aparato de justicia, que transmuta en impunidad, hace que la confusión se acreciente y la verdad se difumine.

Una constante a lo largo de los años ha sido la ocurrencia de actos de terrorismo que por un lado pretende amedrentar al ciudadano, cumple claros propósitos políticos y, en su más perversa concepción, busca adjudicar al adversario actos de absurda violencia para estigmatizarlo ante la opinión.

Todo lo anterior contribuye a enmarañar más un escenario de suyo ininteligible.

Por unas razones u otras se está viviendo un recurrente estado de alteración del orden público donde se suceden atentados con explosivos, asesinatos selectivos, obstrucción de vías y proliferación de extorsiones indiscriminadas y con el ánimo de exacerbar la confusión.

No importa si el saldo se resume en muertos o heridos, si se trata de población civil o funcionarios, si se afectan vías principales o secundarias, si se destruye infraestructura vital o entidades productivas, si los muertos son niños o ancianos; todo sirve para los protervos propósitos de los violentos.

Ante este estado de cosas solo le queda a la población inerme extremar el estado de alerta y agudizar las prevenciones para detectar a los actores de la convulsión y así poder evitar las acciones de los criminales y protagonistas de las acciones obscuras y, de esta manera, menguar el saldo de víctimas y destrucción.