Mucho ha sido el avance al interior del Ministerio de Educación en procura de tener control sobre la utilización de los cuantiosos recursos a su cargo, para que impere la eficiencia y se logre la eficacia en tan estratégico e imprescindible sector.

A través de una diligente gestión se logró construir un banco de datos donde se identificaba a cada alumno, su ubicación en el país, el número de su documento y la institución a la que estaba adscrito.

No fueron pocas las inconsistencias que se detectaron a medida que se hacía la configuración de la base de datos, pues con frecuencia el mismo alumno aparecía reportado por distantes colegios o escuelas de regiones alejadas entre si.

La información recaudada permite elaborar y adjudicar presupuestos para atender la población estudiantil con cargo al Ministerio, pero además de los efectos en la asignación de educadores y recursos para construcción y mantenimiento de instalaciones, tiene incidencia en elementos colaterales como transporte escolar, suministro de alimentación y refrigerios, dotación de equipos, laboratorios e insumos y asignación de partidas para funcionamiento, entre otras muchas variables.

Nadie estaba preparado para los nuevos descubrimientos anunciados por el Presidente Santos en el más reciente Encuentro para la Prosperidad pues en 13 municipios se encontró que el número de estudiantes reportados estaba inflado en 97 mil alumnos que le costaban al presupuesto nacional 135 millardos de pesos anuales en sobrecostos.

Las exorbitantes cifras que dan idea de corrupción superlativa fueron adicionados con otra que deja estupefacto al contribuyente: en solo Buenaventura el número de falsos alumnos es de 40 mil y, además, aparecen cinco colegios inexistentes que reclaman recursos.

La información parece ser apenas una fracción del total que se sabrá cuando se recabe la información del país.

La ministra del ramo anunció que tan asombrosas situaciones han sido entregadas a los organismos de control. Ojalá sirva para algo.