Con la acumulación de protestas sociales y la adhesión de cada vez más sectores a los reclamos el gobierno ha estado contra las cuerdas en muchas ocasiones en el pasado reciente. Tuvo un respiro cuando las marchas se vieron convertidas en pillaje y vandalismo, pues la opinión pública se alineó con la Casa de Nariño y hasta aceptó sin mucha reticencia la participación de la tropa en el control de la situación.
Si bien la postura también sirvió para que se levantaran los bloqueos en algunas regiones estratégicas, el paro sigue y lo que es en el sur (Nariño, Putumayo y Huila) los bloqueos continúan y las ofertas gubernamentales no parecen colmar las aspiraciones de los que protestan.
De otro lado, si el gobierno pretende agrupar todos los reclamos en una sola mesa de discusión ha de ser bien cuesta arriba atender aspiraciones contradictorias o reformas que requieren largos y complejos trámites para ser efectivas.
En primer lugar tendrá que aceptar actividades ilegales, permitirlas y proceder a subvencionarlas. Basta ver algunas: a los cocaleros del Catatumbo no solo se les ha concedido parar la erradicación y las fumigaciones de los cultivos de coca sino que habrá de subvencionarlas mientras encuentran (si esto es posible) una actividad alternativa.
Los contrabandistas de Maicao (que ya son de toda la Guajira, el Cesar y los santanderes) pretenden que se les admita la actividad no importa si se trata de gasolina, licores, telas, electrodomésticos, cigarrillos y, quien quita, armas y vehículos robados. Los mototaxistas de Popayán se han unido al paro agrario y pretenden que su actividad sea legalizada.
De otro lado en la misma mesa quedarían transportadores y agricultores. Los últimos reclaman que el transporte de sus insumos y productos es muy costoso y los primeros pretenden que se incrementen las tarifas.
Algo similar ocurre entre mineros y agricultores, pues los primeros pretenden que se les acepte y apoye en su actividad mientras los segundos se expresan radicalmente opuestos a toda forma de minería, a pesar de que aparte se muestran solidarios con los mineros.
Algunas de las exigencias son ruinosas para el erario en las actuales circunstancias, como acontecería con una rebaja de dos mil pesos en el galón de combustible; lo mismo que un subsidio a toda actividad económica en problemas.
Si bien parece potencialmente posible que el gobierno rebaje aranceles y meta en cintura a las productoras de agroquímicos, como ya comienza a suceder con los medicamentos, no es tan cierto que pueda llevar esos productos con bajos precios hasta el cultivador por razón de los mismos costos e ineficiencias del transporte interno.
Al menos los centros de acopio de varias regiones- y los más estratégicos- han llenado de nuevo sus bodegas. falta ver si las conversaciones llegan a buen puerto o si el país continúa debatiéndose en la tormenta.
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