Como se recordaba hace unos años en estas mismas líneas, a fines de los años 80 del siglo pasado un sujeto que fungía como arquitecto (sin serlo) y que tuvo alguna participación en la política regional hubo de salir intempestivamente de Ibagué, no sin antes haber estafado con cheques sin fondos a algunas ferreterías y engatusado a un empresario que desarrollaba un proyecto de vivienda por la zona de Santa Bárbara.
El sujeto en mención se tiñó el pelo y reapareció en el Magdalena, donde, por arte de birlibirloque, resultó elegido a la Asamblea, mas no se pudo posesionar ya que su cédula había sido dada de baja por los mencionados inconvenientes.
Sus oscuras artes lo llevaron a acercarse al “cura” Hoyos, a la sazón alcalde de Barranquilla, con quien logró la concesión del alumbrado público de la capital de Atlántico, motivo que le sirvió para expandir sus negocios a Valledupar y a otros tres municipios de la región Caribe.
El ciudadano de marras siguió aquerenciado (como dicen los taurinos) con el Tolima y periódicamente intenta medrar en negocios públicos en la región, valido de la proverbial falta de memoria de nuestros administradores. Ya no tiene que venir subrepticiamente, pues ahora se aloja en el mejor hotel local, despacha desde una lujosa oficina en el Parque de la 93 en Bogotá, donde atiende estupendamente a sus potenciales asociados, y habita un apartamento de postín en Rosales.
Unos pocos años atrás hizo un triple intento de regresar, pues presentó con diversa razón social dos propuestas de APP para quedarse con el negocio de las fotomultas en Ibagué y simultáneamente intentó quedarse con el del alumbrado público. En algo sirvió el recorderis publicado en este rotativo sobre las andanzas del caballero para disuadir a quienes promovían desde la administración pública la adjudicación de tales negocios.
Toda esta historia repetida viene a cuento con la resurrección del proyecto de las fotomultas, ahora bajo la figura de facultades especiales, en la que un controvertido estudio que sirvió de sustento para la aprobación en el Concejo guarda extraña similitud con el de las APP de marras.
Causa mayor perplejidad que un negocio que ha de significar al contratista una cuantiosa utilidad anual desde el primer ejercicio haya sido aprobado sin que se hubiera recordado a los concejales de los antecedentes de las APP y que tal circunstancia le hubiera parecido una nimiedad que no valía traer a cuento de parte de la Administración municipal.
¿Detrás del asunto se proyecta una voluminosa sombra?
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