A instancias del presidente de la Corte Constitucional, el tolimense Luis Ernesto Vargas Silva, se llevó a cabo en Ibagué a lo largo de la semana el llamado Encuentro Constitucional por la Tierra, al que asistieron el presidente Santos, varios ministros, los magistrados de las altas cortes, los jefes de los organismos de control, directivos de las entidades a cargo del entorno, mamos, mineros, defensores de la naturaleza, tratadistas y expertos internacionales.
El evento sirvió para fijar posiciones dentro de un ámbito civilizado, a la vez de escuchar quejas de lado y lado sobre la posición gubernamental y el manejo que se da a temas de tal trascendencia respecto del presente y el futuro del país.
El Gobierno anunció una serie de medidas que han de hacer más expedito el trámite de las licencias ambientales, de manera que se defina pronto sobre la viabilidad de los proyectos, el avance de las carreteras y la ejecución de las obras de ingeniería. Por supuesto que siempre habrá quienes sindicarán al Ejecutivo de oponerse o retrasar a toda obra de progreso o a todo aprovechamiento de los recursos; así como habrá los que ven en cada fórmula de racionalidad de los trámites la siniestra sombra del capitalismo salvaje y depredador.
De encuentros como el celebrado en Ibagué salen las posiciones ecuánimes, el equilibrio y el respeto por las posiciones contrarias y se da relevancia a la responsabilidad de los diferentes entes en el manejo y la preservación de lo que forma parte del patrimonio de todos pero, particularmente, de las futuras generaciones.
Simultáneamente se supo que en Bogotá y tras una inversión de 1.9 billones de pesos ha sido abandonado nuevamente el proyecto que pretende descontaminar las aguas del río Bogotá. El Tolima, como principal perjudicado de la contaminación, ha sido paciente al extremo y ha aguardado a que se cumpla todas las promesas y anuncios que periódicamente hacen el Gobierno nacional, las autoridades del Distrito y los organismos ambientales que casi ritualmente dan a conocer de costosas inversiones y faraónicos presupuestos para solucionar el lanzamiento de detritus a la principal arteria fluvial del país. Como todo ha sido un fiasco, es hora de que el departamento y Cortolima procedan por las vías legales para proteger el río convertido en cloaca, el territorio y sus habitantes. Hay que terminar con el abuso.
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