La crisis en la relación entre Colombia y Panamá por la decisión del Gobierno colombiano de declarar al vecino país como paraíso fiscal no tiene trazas de haber tocado fondo y, por el contrario, se anuncian medidas retaliatorias por parte del gobierno de Varela que tendrían enormes y dañinos efectos para las economías de los dos países y la situación de miles de colombianos que habitan el istmo.
Al parecer el gobierno panameño ha anunciado un perentorio plazo para, entre otras cosa, prohibir a los colombianos (personas o empresas) contratar con el gobierno, establecimiento de visa para los colombianos que quieran visitar el istmo, y el cobro de derechos a los barcos de la armada colombiana que hayan de cruzar por el Canal de Panamá.
Las anunciadas medidas cobran su real dimensión cuando se registra que Panamá es el país donde hay la mayor porción de la inversión colombiana en el exterior (18 por ciento), la banca colombiana posee el 26.5 por ciento de la banca panameña, se había reanudado un proyecto de interconexión eléctrica entre los dos países por 450 millones de dólares que facturaría no menos de 200 millones de dólares anuales en pleno funcionamiento, el intercambio comercial entre las dos naciones vale 3 millardos de dólares al año y son fábricas y empresas colombianas (Argos) las que suministran el concreto requerido para la ampliación del Canal de Panamá, entre otros cientos de negocios.
¿Debería haberse esperado el gobierno colombiano para negociar por la vía diplomática? ¿Se apresuró el ministro de Hacienda y fracasó la Cancillería en la gestión?
Es preciso mirar las cosa con detenimiento: Desde Panamá proviene el grueso del contrabando que llega a Colombia que, entre otras cosas, sirve para lavar los dineros del narcotráfico, la corrupción, la extorsión, el secuestro y otras actividades ilícitas, a más de afectar en materia grave a la industria nacional.
También el istmo (con Ecuador) es la conexión y la vía de ingreso para las armas y los explosivos que se utilizan en el conflicto colombiano. En Panamá se oculta gran parte de los dineros de colombianos que por una razón u otra evaden al fisco y el vecino país ha servido de refugio de prófugos de la justicia en toda suerte de procesos.
La decisión no fue en medida alguna apresurada, pues hace más de un año se había ampliado el plazo al gobierno de Martinelli para establecer los protocolos de información financiera que permitirían ubicar los dineros sucios y los evadidos.
Vencido el plazo el ministro Cárdenas intentó comunicarse telefónicamente con su homólogo panameño y este se negó repetidamente a atender las llamadas, por lo que solo quedó la opción asumida que, con todo, resulta ser la única posible ante la displicente actitud y la dañina prolongación de la situación.
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