Con la mengua y casi desaparición de las vocaciones religiosas y sacerdotales crece el número y la extensión de las propiedades del clero y las comunidades que pierden su razón de ser o no pueden ser atendidas a cabalidad por los miembros supérstites. Eso ocurre con seminarios, colegios, casas de retiro y formación, granjas e instalaciones adquiridas en épocas de mayor fervor religioso.
Por doquier esos espacios son dedicados a tareas que permiten aprovechar las áreas vacías de manera que allí se instalan universidades, centros tecnológicos u organismos de beneficio colectivo. La mayoría de las veces gracias a la generosidad de las comunidades propietarias o mediante convenios y contratos de alquiler o venta de las instalaciones a entidades públicas o privadas que se dedican a similares actividades o realizan funciones parecidas.
En la región hay numerosos ejemplos de tal evolución y es así como las instalaciones de San Jorge han sido ocupadas por el colegio Amina Melendro tras la adquisición hecha por el municipio de Ibagué, en las aulas del colegio Tolimense funciona parte de la Universidad Cooperativa, la CUN despacha en lo que era el colegio San Luis Gonzaga y Uniminuto funciona donde estaba el Jiménez de Cisneros.
Por supuesto que también en la casona de los Barrios en la que se estableció el colegio María del Refugio hoy se levantan un parqueadero y un edificio de oficinas y en el sitio donde se ubicaba La Presentación en la calle 16 hoy hay un almacén por departamentos.
Sin embargo, hay edificaciones y extensiones de tierra que o son elementos históricos esenciales en el espacio urbano o lugares de reserva imprescindibles para el clima, la atmósfera, la disponibilidad de agua y el ambiente de una amplia zona circundante. Las primeras en el marco de la Plaza de Bolívar y las otras en lo que hoy es el bosque de San Jorge. Respecto de las últimas las mismas autoridades ambientales, las administraciones departamental y municipal deben proponerse la instauración de una zona de reserva que preserve el que, tal vez, es el último pulmón que le resta a Ibagué.
Seguramente la comunidad salesiana con su inveterada generosidad heredada de Don Bosco estará presta a cualquier fórmula de negociación. Los fondos para la transacción deberían provenir de parte de los recursos que percibe Cortolima de los contribuyentes ibaguereños en sus facturas del predial (son las mayores contribuciones a la caja de Cortolima) y de otras entidades gremiales que realizan aportes para preservar la disponibilidad de agua en la región.
Resulta inimaginable que tales áreas puedan dedicarse a usos diferentes a los actuales y para su resguardo y protección la legislación actual y otra adicional de la que ha hablado el gobierno proporcionan las herramientas que facilitan el incorporar áreas de tan vital importancia al patrimonio público.
Todo antes de que suceda algún desaguisado y lo inimaginable ocurra por la negligencia y laxitud de los organismos oficiales y una pusilánime actitud de la comunidad.
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