Día a día se conocen más casos en los que el ejercicio periodístico se ve rodeado de garantías hostiles y se multiplica un cerco judicial que pretende amedrentar a quienes en uso de su derecho constitucional buscan indagar sobre los hechos para informar con precisión y verdad a sus audiencias.
Desde los más altos estrados hasta personajillos infatuados que se valen de su amistad, cercanía, influencia o laxitud de jueces o fiscales para intentar cercenar los derechos de los periodistas a informar y a la sociedad a ser informada, mediante juicios absolutamente improcedentes, comparecencias abusivas y acusaciones sin sustento que se complementan con amenazas, despliegue de baterías de abogados (muchas veces pagas con recursos públicos) desplazamientos masivos de testigos falsos por cuenta del erario y maniobras torticeras que solo buscan prolongar los procesos ante la carencia de sustento y lograr la fatiga de los periodistas y sus defensores, así como aumentar los costos para los defendidos y el desgaste innecesario del aparto judicial.
Los abusos han puesto en alerta al gremio periodístico en todo el país ante la multiplicación de casos como el de Roberto Pombo, Ramiro Bejarano y Daniel Coronell. Para no referirse al exabrupto jurídico cometido en la condena del periodista fusagasugueño Luis Augusto González demandado por calumnia e injuria por Leonor Serrano de Camargo.
Situación similar a la que se ha padecido con resignación y acatamiento a todos los procesos legales con los que gobernadores, alcaldes, generales, negociantes, mercenarios, alzafuelles, embaucadores, testaferros y bandidos de distinta laya han pretendido acallar el limpio ejercicio periodístico de esta casa editorial y sus periodistas en 22 años de gestión, en los que superan en 50 las demandas entabladas y que, una tras otra, han sido dirimidas a favor de nuestros intereses y los de nuestros funcionarios y periodistas ante el cúmulo de pruebas, documentos, testimonios y argumentos sustentados en los diferentes procesos.
Ha habido desde un patán que fungía de concejal y golpeó a una mujer embarazada; un exgobernador y exalcalde al que se le probó que había instalado conexiones eléctricas fraudulentas en sus propiedades, había sustraído del catastro toda una urbanización de su propiedad para no pagar impuestos, tasa y contribuciones y había incumplido todos los requisitos legales en la contratación pública en la gobernación; un adicto y un dipsómano que llegaron al estrado en plena “traba” hasta que el juez se vio forzado en la diligencia y terminar el juicio; un sujeto que hizo toda suerte de manipulaciones con los recursos de las cajas de compensación y luego trató de forzar a los testigos a cambiar su testimonio mediante amenazas,
Dos directivos de organismos gremiales en contubernio con una concejala para legalizar el despojo de unas tierras, o un funcionario bancario molesto porque se descubrieron sus oscuras gestiones auspiciadas por funcionarios municipales para que el ente municipal adquiriera bienes a sobreprecio o contratara servicios que carecen de calidad; o la familia de un exalcalde que utilizó la condición para quedarse con el usufructo de servicios públicos concesionados; o los testaferros de los mafiosos enervados por la divulgación de sus nexos con los criminales y así con los relacionados con paramilitares, o un general disgustado porque se publicó la queja de un suboficial y así hasta la náusea.
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