Unos años atrás, en este rotativo, se publicó un informe que daba cuenta de la presencia en el departamento del Tolima de contingentes paramilitares; en la nota se registraba la intranquilidad de la ciudadanía por la abierta operación de esos grupos armados que, por cierto, exhibían sin ningún reato sus armas y uniformes, tanto así que la noticia publicada estaba acompañada por fotografías de los fuera de la ley que, como se relataba, provenían de otras regiones del país.
Inmediatamente y en otra publicación periódica regional, hoy desaparecida, se publicó un extenso reportaje con el comandante militar de la región que calificaba de mentiroso el informe de EL NUEVO DÍA y, además, se atrevía a señalar que las fotografías publicadas eran un montaje organizado por el diario.
Contra tan flagrante manipulación de la verdad y la displicencia con la que algunos medios nacionales dispensaban a la presencia de los grupos armados y los hechos violentos que se sucedían se decidió continuar empecinadamente el cubrimiento de los luctuosos acontecimientos y la denuncia del contubernio que se advertía en varias zonas entre los paramilitares y las entidades estatales asentadas en esos sectores.
El tiempo y la pausada acción de la justicia muestran lapidariamente que teníamos razón en nuestras publicaciones, el grado de alteración del orden público al que se llegó y el terror producido.
El Consejo de Estado acaba de pronunciarse calificando la masacre escenificada el 15 de septiembre de 2001, en que fueron asesinados 11 campesinos en el corregimiento Frías, en Falan, como crimen de lesa humanidad, que la acción fue un ataque premeditado y sistemático y asigna responsabilidad al Ejército, al DAS y a la Policía de Lérida, La Dorada, Fresno y Palocabildo por su colaboración desembozada con el Frente Ómar Isaza que lideraba Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’.
La determinación del Consejo de Estado se acompaña de una serie de medidas restaurativas que deben ser cumplidas por el Ministerio de Defensa, el Comandante de las Fuerzas Militares, la Policía y el Comandante del Batallón Patriotas.
Por cierto, Ochoa aceptó su participación y la de su grupo en siete masacres que se saldaron con más de 50 asesinatos, entre los que se cuentan el de los siete pescadores muertos en Armero - Guayabal, los 11 cazadores ejecutados en Méndez, en el Tolima; la de la Parroquia en Mariquita, con un saldo de 10 muertos, y las de La Leonera en Fresno, la de Mangostinos y la de Petaqueros. Y estas cometidas por un solo grupo de los muchos que asolaron extensas regiones del Tolima.
Cuánto dolor y cuánta sangre, cuántos desplazados y abusos se habrían evitado si las autoridades correspondientes hubieran cumplido con su deber.
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