La fiesta de la DNE

La responsabilidad ha ido pasando de mano en mano y de entidad en entidad pero el miasma parece incólume, pues como se conoció en Villavicencio un policía activo, que extorsionaba al propietario de un bien en trance extinción, era, a su vez, el tenedor de 40 bienes expropiados, lo que da una idea de la extensión del corrupto sistema.

Han pasado ya varios años desde cuando el propio Presidente Santos ordenó intervenir esa guarida de ladrones en la que se había convertido la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE. Un antro que se le había otorgado como coto de caza a congresistas del Partido Conservador por cuenta de su absoluta incondicionalidad al expresidente Uribe.

Hay que recordar que la DNE había sido creada para manejar los bienes expropiados o entregados por los narcotraficantes con el objeto de resarcir a los miles de víctimas de los bárbaros y asesinos.

La putrefacción venía desde cuando se le confió esa posición al tristemente célebre coronel Luis Alfonso Plazas (el del Palacio de Justicia) que se dedicó a entregar por arriendos irrisorios a maleantes y narcotraficantes validos de los congresistas. Por supuesto que tales conductas no solo se fueron haciendo más desembozadas y nefastas, sino que para disimular el saqueo se le sumió en un estado de desorden administrativo y contable, que forzó a su liquidación.

Sin embargo, los intereses en juego y las responsabilidades que habrían de surgir de una investigación han hecho que, aún hoy en día, nadie dé razón de lo ocurrido, tan solo se haya rozado a algunos de los responsables y los bienes que deberían estar sirviendo para resarcir a las miles de víctimas se están deteriorando o están en manos de abusadores, depredadores y ladrones.

De nada ha valido que desde diversas fuentes se haya requerido a los administradores para que rindan explicaciones. De hecho desde la Agencia Colprensa y la Redacción de este rotativo se han realizado infructuosas visitas y requerimientos sin resultado o respuesta.

Son haciendas prósperas (o lo eran), hoteles, centros recreativos, locales, viviendas, vehículos, aeronaves, obras de arte, joyas y equinos en manos de congresistas, sus familias, sus testaferros y validos que los usan y abusan y en las escasas oportunidades que pagan algo por el usufructo solo lo hacen por cuantías irrisorias que en ocasiones ni se recaudan. Inclusive en ocasiones, cuando fallece el congresista los testaferros continúan haciendo uso de las prerrogativas y beneficiándose de los bienes incautados.

La responsabilidad ha ido pasando de mano en mano y de entidad en entidad pero el miasma parece incólume, pues como se conoció en Villavicencio un policía activo, que extorsionaba al propietario de un bien en trance extinción, era, a su vez, el tenedor de 40 bienes expropiados, lo que da una idea de la extensión del corrupto sistema.

¿Quién parará este escándalo y procederá con severidad a sancionar a los cómplices?

REDACCIÓN EDITORIAL

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