A la luz del día

No pocas sorpresas se conocerán cuando se revelen las diversas relaciones y vinculaciones de la empresa mafiosa, que, sin duda, no es ni la única ni la de mayor tamaño en el país. No se necesita de mayores indagaciones para señalar lo que ocurre en Ataco, Lérida y San Luis, en el Tolima, a la vista de las autoridades y desde hace muchos años.

Por años se ha registrado en los medios de información (en este rotativo desde su primera edición, el 29 de noviembre de 1992) la dañina presencia de la minería ilegal que contamina quebradas y ríos, destruye el entorno a su paso, sirve de financiación para grupos armados ilegales y de lavado del dinero de la corrupción, los narcotraficantes y toda suerte de grupos criminales. A la par y para poder desarrollar su perniciosa actividad deja a su paso una estela de sobornos y cohecho de magnitudes incalculables.

A lo largo de los últimos lustros y con profusión de videos, fotografías, documentos y testimonios se ha informado sobre las fórmulas utilizadas por los grupos antisociales que se dedican a la actividad y que, como se advierte en diversas regiones, no limita su actuación a acumular inmensas riquezas, sino se ha infiltrado en organismos del Estado como la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) o patrocinado campañas políticas en varios departamentos.

Mucha extrañeza producía el hecho de que el modus operandi fuera similar, que los costosos equipos y maquinaria fueran de la misma marca y el mismo modelo y que dentro de los registros estadísticos del país apareciera exportando más oro que el que supuestamente se producía.

Igual pasmo producía el hecho de que retroexcavadoras y paladragas de singular tamaño llegaran a puerto y pasaran por retenes a la vista de los aduaneros, el Ejército, la Policía, el DAS, funcionarios de protección del ambiente y toda clase de empleados de los órdenes nacional, departamental y municipal, sin que nadie se percatara o hiciera algo para terminar con el nocivo y corruptor tinglado.

No menos de 500 retroexcavadoras de más de 570 millones de pesos cada una fueron detectadas cuando hace cuatro años el Gobierno se decidió a controlar la actividad. Era de suponer que tales aparatos y los que los complementaban solo podrían entrar al país con las correspondientes licencias de importación, que el trámite de las mismas se efectuaba a través de bancos sujetos a vigilancia estatal y que los giros para el pago de las cartas de crédito o las facturas también surtían un trámite similar, por cuenta de clientes y empresas que en manera alguna podía realizar las voluminosas transacciones en efectivo.

La semana pasada el Gobierno, por boca del Ministro de Hacienda y el Vicefiscal General denunciaron que tras una prolongada investigación se había descubierto que una sola empresa llamada Goldex, con sede en Medellín, había lavado 2.3 billones de pesos, que a más de canalizar la producción ilegal del metal, había servido de mampara para lavar el producto de otras actividades criminales y que, en la acción, habían participado colaboradores de ese antro denominado DNE, que está en liquidación.

Por lo pronto se ha iniciado proceso a 30 personas, está prófugo con su pareja quien figuraba como gerente de la red criminal y otro de los auxiliares se suicidó tras la priera audiencia.

No pocas sorpresas se conocerán cuando se revelen las diversas relaciones y vinculaciones de la empresa mafiosa, que, sin duda, no es ni la única ni la de mayor tamaño en el país.

No se necesita de mayores indagaciones para señalar lo que ocurre en Ataco, Lérida y San Luis, en el Tolima, a la vista de las autoridades y desde hace muchos años.

REDACCIÓN EDITORIAL

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