"Hasta que el cante de un socio les cierre el negocio, por lo menos por seis meses y un día”. Joan Manuel Serrat
Resultaba inverosímil que en el proceso que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia por razón del saqueo inmisericorde al que fue sometida la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, no hubiera uno solo de los cómplices que quisiera aliviar su condena mediante la revelación de las decenas de piratas que entraron a saco a los bienes destinados a la reparación de las miles de víctimas de los narcotraficantes.
Bien se sabe que la DNE fue una especie de botín de guerra que el gobierno de entonces entregó a los congresistas afectos como pago por su incondicionalidad en el trámite de todas las propuestas (incluida la reelección presidencial) sometidas al legislativo. Así como grandes dosis de complicidad para callar cualquier intento de control político sobre la cantidad de desaguisados cometidos en esos años.
Por cierto, los beneficiados en el saqueo eran, casi todos, (con la excepción de un exsenador de Cambio Radical, hoy detenido) connotados miembros del Partido Conservador o funcionarios de la misma divisa en el gobierno.
Quien vino a cantar fue Ómar Figueroa, un exdirector de la DNA, famoso por todos los negociados efectuados con su padre, quien fungía como gran dispensador de favores y recaudador de las coimas.
En el acuerdo firmado por Figueroa con la Fiscalía General se incluye la devolución de 300 millones de pesos producto de uno de los peculados, y cinco haciendas que no figuraban en el inventario de la entidad en liquidación. Además el exdirector se compromete a revelar las trapisondas de otros dos exdirectores: Carlos Albornoz y Juan Carlos Vives Menoti (ambos muy buenos muchachos), las andanzas de 20 exasesores y exfuncionarios y la participación de numerosos congresistas (vivos y muertos) que lograron que se les adjudicaran a sus testaferros haciendas, hoteles y centros recreativos a cánones irrisorios.
A lo mejor se viene a revelar toda la novela alrededor del tristemente célebre Hotel Las Heliconias, en el Quindío (que tenía pista de aterrizaje) y que pese a tener ofertas de arrendamiento de 20 millones de pesos mensuales, terminó arrendado por solo un millón de pesos mensuales a una empresa de la que era socio un exembajador y exministro conocido por procesos de cohecho individual.
Seguramente se venderán muchos pasajes para el extranjero y dirán que todo hace parte de una persecución política.
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