En el año 2006 estableció el Ministerio de Protección Social, en esa época a cargo de Diego Palacio Betancourt, la libertad vigilada para los precios de los medicamentos. En la práctica y debido precisamente a la falta de vigilancia, la medida se convirtió en una patente de corso para que multinacionales farmacéuticas y grandes distribuidoras de productos medicinales obraran con plena libertad para establecer a voluntad los precios, muy por encima de los promedios mundiales para las mismas medicinas producidas por los mismos laboratorios en otras naciones.
La errada y controvertida decisión (criticada desde el principio por diferentes actores de la salud) le ha costado al sistema nacional de salud billonarias e injustificadas erogaciones que llevaron al Gobierno a modificar la medida y a establecer unos topes acordes con los promedios mundiales.
La medida ha significado enormes ahorros al erario pero no ha tenido similar efecto para los valores de los medicamentos al público en las distintas droguerías del país. Por cierto, y como lo reveló un informe del Canal Caracol, se ha descubierto que no menos de ocho multinacionales farmacéuticas y comercializadoras, continúan violando los topes establecidos por la Comisión Nacional de Medicamentos; por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio, a cargo de Pedro Felipe Robledo, ha procedido a imponer multas por más de 12 millardos de pesos a las infractoras.
Las más recientes determinaciones de la Superintendencia se han producido en contra de la multinacional Novartis a la que se le comprobó el cobro de un sobreprecio de entre el 66 y el 509 por ciento de un medicamento llamado Exelon Patch, utilizado en el tratamiento del parkinson y el alzheimer. El precio máximo autorizado es de 200 mil 261 pesos y el laboratorio sancionado lo ha llegado a cobrar hasta por 468 mil pesos por caja. La multa asciende a 3.5 millardos de pesos.
Otro informe televisivo de CMI realizó una indagación en el vecino país del Ecuador con medicamentos para el control de la tensión y encontró que tres conocidas referencias producidas por las mismas farmacéuticas valen en Colombia el doble y hasta el triple de lo que cobran las droguerías en el Ecuador.
La gestión de Robledo y su equipo en la Superintendencia es encomiable y ha sabido sobreponerse al enorme poder económico y político de diversos carteles, en este caso el de las drogas.
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