¿A tarifa?

Las críticas apuntaban a que al interior del Alto Tribunal los temas tratados ya no se centraban, como en el pasado, en asuntos trascendentales y de alto contenido social sino en pleitos comerciales y empresariales de enorme valor económico con accionantes de muy específicas regiones.

La denuncia hecha ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por el magistrado de la Corte Constitucional, el tolimense Mauricio González Cuervo, contra el Presidente del organismo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ha sacado a la superficie un tema sobre el cual se especula y debate en diversos escenarios del país: la simonía que ronda a los altos tribunales.

La Corte Constitucional, una creación de la Constitución de 1991, se convirtió hasta hace unos pocos años en el tribunal más acatado y mejor reputado por razón de la integridad, antecedentes profesionales e intachable hoja de vida de sus integrantes, que marcaba una enorme diferencia con los otros, no solo el Consejo Superior de La Judicatura CSJ, inmerso en toda suerte de escándalos y del que solo faltaba que se pusiera un aviso en la puerta donde se establecía la tarifa para condicionar los nombramientos temporales y los fallos, sino por el establecimiento de verdaderos carruseles, mediante los cuales los integrantes de una corte pasaban a la otra, una vez cumplido su período o se enquistaban en las posiciones más allá de lo permitido por la Ley.

A lo que debe añadirse las exorbitantes pensiones, el turismo por cuenta del erario y la acumulación de procesos sin solución.

La reputación de la Corte Constitucional sufrió menoscabo por cuenta de controvertidos nombramientos, especialmente el del mismo Pretelt (acremente criticado y denunciado por el exmagistrado Nilson Pinilla) y el de Alberto Rojas (a quien se retiró del cargo mediante fallo judicial, y sobre quien pesan acusaciones de extrema gravedad que continúan sin fallo). Las críticas apuntaban a que al interior del Alto Tribunal los temas tratados ya no se centraban, como en el pasado, en asuntos trascendentales y de alto contenido social sino en pleitos comerciales y empresariales de enorme valor económico con accionantes de muy específicas regiones.

La acusación de González, si bien tiende un manto de duda sobre el funcionamiento y las determinaciones del organismo, no podía en manera alguna soslayarse. El abogado Víctor Pacheco, que dio aviso sobre el intento de soborno por 500 millones de pesos de parte de Pretelt (en el que intentaba involucrar el nombre de González) tiene un conocido historial de visitas a magistrados de los diferentes tribunales quienes tramitan negocios a cargo de Pacheco, conducta a todas luces irregular y cuestionable y que está específicamente vedada en la práctica jurídica.

La Fiscalía ya tomó cartas en el asunto y es de esperar que se llegue hasta las últimas consecuencias sin importar la posición de los implicados ni el deterioro que pueda sufrir el nombre del alto tribunal.

Debe abonársele a González el valor civil con el que asumió la grave e impostergable decisión de denunciar a su colega y Presidente de la Corte.

REDACCIÓN EDITORIAL

Comentarios