Editorial: Hecha la ley, hecha la trampa

Todo sin contar con lo que ocurre con muchos de ellos, que ya se han adaptado a la vida en las ciudades y encuentran que, con todas las dificultades y exclusiones que encuentran en las urbes, la vida allí es más llevadera que la ruda existencia en el campo, de tal manera que muchos abandonan sus propiedades luego de haberlas recuperado.

De todos es conocida la férrea oposición que ciertos sectores muy identificados han tenido respecto de la Ley de Víctimas y, es especial, lo que tiene que ver con la restitución de tierras.

Desde el principio a las altisonantes voces que se escucharon en el Congreso y desde algunos gremios, con argumentos traídos de los cabellos se unió la conformación de bandas armadas que no solo han hecho presencia en las zonas donde se ha procedido a devolver a los legítimos propietarios las tierras que les fueron usurpadas violentamente, sino que cuando finalmente se culmina tan complejo proceso, los afectados regresan a sus tierras y se retira la fuerza pública proceden a hacer presencia armada para amedrentar a los reclamantes y volverlos a expulsar.

Todo sin contar con lo que ocurre con muchos de ellos, que ya se han adaptado a la vida en las ciudades y encuentran que, con todas las dificultades y exclusiones que encuentran en las urbes, la vida allí es más llevadera que la ruda existencia en el campo, de tal manera que muchos abandonan sus propiedades luego de haberlas recuperado.

A lo anterior se añade una circunstancia que retrata de cuerpo entero a elementos bien nocivos de la idiosincrasia colombiana: de boca del propio ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se ha conocido que no menos del 30 por ciento de las reclamaciones de tierras que han llegado por el impulso de la nueva ley a las entidades encargadas del trámite, provienen de falsas víctimas y cómplices de verdaderas bandas de avispados sujetos que pretenden sacar botín de las acciones gubernamentales en protección de los despojados.

Los hay quienes jamás fueron propietarios de tierras pero que apoyados en testigos falsos y expertos en la trampa pretenden hacer valer derechos espurios. Otros que vendieron sus tierras a precios comerciales y sin constreñimiento alguno y ahora reclaman haber sido forzados a vender por grupos violentos, cuando en las regiones donde se ubican los terrenos jamás ha habido esa clase de organizaciones criminales o llegaron mucho tiempo después de la transacción, y así hasta el infinito o donde los pueda llevar la inagotable imaginación de tramposos y ladrones.

A los enormes problemas que entraña la restitución se une la acción de los bandidos que siempre están alertas para causar daño y abusar.

REDACCIÓN EDITORIAL

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