Tras numerosos pronunciamientos de la ciudadanía con respecto a lo que estaba ocurriendo con la Granja San Jorge y las señales claras de que se escenificaban acciones contra la integridad de un predio declarado Bien de Interés Cultural Nacional BIC por el Ministerio de Cultura por medio de la resolución 799 de 1998, la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima procedió a abrir indagación preliminar de manera oficiosa, como quedó registrada en nuestra edición del domingo pasado.
Para el efecto acudieron, a más de los funcionarios de Cortolima y el Ministerio, el Curador Urbano Uno, Manuel Medina, el representante de la Personería, Diego Mauricio Sánchez, Raúl Baquero el gerente de Inacar (la empresa que pretende urbanizar y construir en el predio) y, a la vez , delegado de la comunidad Salesiana que todavía aparece como propietaria, funcionarios de Planeación Municipal que sufrieron quebrantos de salud durante la diligencia, voceros de EL NUEVO DÍA (como único medio que ha denunciado las irregularidades) y varios miembros de la comunidad que pretendían hacer oír su voz de rechazo a los intentos de afectación del predio. Adicionalmente se leyó un sustentado y completo documento elaborado por el abogado Óscar Hernández Arana que da cuenta de todo lo acontecido, de las irregularidades acumuladas y de la urgencia para que se preserve el predio sin afectación alguna so pena de permitir un atentado contra el último ecosistema natural que queda en la capital del Tolima, que es un regulador del mismo, con sus bosques secundarios, sus complejos hídricos, que sirve de almacenaje y reciclaje de fauna y flora y es criadero natural de diversas especies.
Como se expresó arriba en la diligencia quedó en claro (como si hiciera falta) que la declaratoria como BIC implica restricciones al dominio y cualquier intervención que se haya hecho o pretenda hacer requiere de la autorización previa de Mincultura, so pena de sanción y que la declaratoria es (como se deriva del ordenamiento legal y de su simple lectura) de carácter vinculante. Por si los argumentos ambientales no fueran de por sí suficientes.
Es así como quedó absolutamente claro y sin temor abstrusas interpretaciones que el bien no se puede afectar y debe respetarse la integridad de sus 130 hectáreas hasta cuando haya una decisión en contrario del Consejo Nacional de Patrimonio. Ojalá no se tenga que reiterar en plastilina el pronunciamiento del Ministerio y que todos los entes públicos, privados, mixtos, religiosos y laicos se den por enterados.
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