En continuación de un rito de época ya tradicional, como la florescencia de los ocobos de Ibagué en agosto o la subienda de marzo en Honda, Fecode ha determinado un paro de sus afiliados entre abril y mayo. En esta ocasión la intensidad ha sido mayor por cuenta de que se trata de un año electoral y las directivas nacionales y regionales buscan hacer méritos de cara a los comicios de octubre.
Tras dos semanas de parálisis en el sistema educativo, Gobierno y educadores han llegado a un punto en el que anuncian que no van a ceder en sus ofertas y pretensiones.
El Gobierno ha determinado que la oferta de un incremento del 12 por ciento en la remuneración de los maestros es el máximo que permite la situación económica y recuerda que el índice triplica al que se le aprobó a los demás trabajadores del país, en un acto de justicia que busca ofrecer un salario digno a los profesores y se inscribe dentro del propósito de mejorar los diferentes aspectos que influyen en el desempeño educativo. Circunstancia que complementa la iniciativa de implantar la jornada única y de mejorar la infraestructura física de las instalaciones escolares. Para el efecto, dice el Gobierno, el presupuesto destinado a educación sobrepasa por primera vez en años al destinado a las Fuerzas Armadas.
Reafirma también el Gobierno que no ha de ceder en los programas de evaluación de docentes que se iniciaron en el 2002 y que considera indispensables en el proceso de mejorar los resultados de los estudiantes colombianos en las pruebas internacionales de calidad que, por cierto, encuentra a Colombia en los lugares más bajos del escalafón entre los países evaluados.
Por supuesto, que los resultados de las pruebas no se derivan exclusivamente del desempeño de los maestros, pues en ellos influyen el grado de pobreza de los alumnos, la calidad de las instalaciones educativas, el déficit alimentario de los alumnos y también las condiciones laborales de los educadores.
Los maestros, por su parte, manifiestan que no están dispuestos a ceder en su oposición a las evaluaciones y, mucho menos, a que ellas incidan en sus remuneraciones y beneficios laborales. De otro lado, han establecido un incremento del 16 por ciento como pretensión mínima para los aumentos colectivos.
En tanto, nueve millones de niños y jóvenes quedan por fuera de las aulas con el correspondiente perjuicio en el proceso educativo y la alteración de las rutinas y funciones hogareñas de las familias.
En ocasiones las partes soslayan los efectos que los pulsos por el poder producen en la ciudadanía.
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