No parece haber duda sobre los nocivos efectos que el contrabando trae al país. Desde haberse convertido en el más eficaz de los métodos de lavado de activos, pasando por el perjuicio que se causa a los ingresos del Estado, hasta llegar a los estragos que produce en el empleo y la estabilidad de las empresas productoras.
Las medidas adoptadas por el Gobierno están encaminadas a controlar y sancionar a los grandes manipuladores del contrabando y, en especial, a quienes están detrás del contrabando de combustible de origen venezolano.
Por todo el país se promueven marchas de rechazo a los intentos del Gobierno de meter en cintura a los grandes capos de la ilegalidad. Auspiciadas, quién pudiera creerlo, por una inconcebible alianza entre sectores del Polo y el Centro Democrático, que ya lo habían hecho en las protestas campesinas y, particularmente, en las movilizaciones de los productores de papa y los cafeteros de algunas regiones. Clara está la intención electoral ahora, como lo fue en las anteriores elecciones.
Las protestas contra los intentos de poner orden y hacer respetar la ley son nuevos eslabones de actuaciones del pasado en los que la informalidad ha resultado triunfadora, con el apoyo de muy caracterizadas fuerzas políticas.
Basta echar una mirada al pasado reciente: el chance, por ejemplo, surgió como uno de los negocios con los que los narcotraficantes en Medellín buscaban ampliar sus actividades. El Estado se declaró impotente y pese al efecto que la legalización del juego prohibido tuvo en las beneficencias, la salud y las lotería oficiales, el trámite en el Congreso fue rápido y eficiente. Así como ha sido rápido y eficiente el trámite de otras generosas gabelas en beneficio de los empresarios del juego, que se ha logrado gracias a acelerados trámites propiciados por connotados congresistas.
Lo mismo ha sucedido con la invasión del espacio público en las diferentes ciudades, la aparición del mototaxismo, bicitaxismo, la apropiación por particulares del monopolio de licores y tantas y tantas actividades en las que el Estado y los gobiernos se han declarado impotentes ante el poder del dinero, las presiones políticas y las gestiones de los interesados en legalizar las irregulares situaciones.
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