En debate escenificado en el Concejo de Ibagué salieron a flote diversas inquietudes no resueltas que, de no solucionarse, afectarán irremediablemente al municipio, sus recursos y sus habitantes.
En primer lugar quedó muy claro que debe haber regulación y supervisión sobre la actividad de los curadores urbanos para que sus actuaciones y decisiones se ciñan al interés común, a la realidad de la infraestructura y el ordenado avance de la comunidad y no a formulismos amañados de acuerdo con las circunstancias e intereses particulares.
De nuevo volvió a surgir el fantasma del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, establecido por decreto por la administración actual que entraña absurdos tales como la incorporación al área urbana de más de cuatro mil 500 hectáreas, acto que inmediatamente genera obligaciones al Municipio en la provisión de servicios públicos que no tiene siquiera capacidad de atender en la conformación anterior, a más de alterar a la manera del ‘Chapulín Colorado’ (sin querer, queriendo) las áreas de reserva en las rondas de ríos y quebrada. Las dos decisiones, claramente enfocadas al beneficio particular de un reducido grupo de terratenientes que pasaron de tasar el valor de sus propiedades en hectáreas para contabilizarlo por metros.
Todo lo anterior trae a colación un extraño acontecimiento sobre el que se ha pasado de soslayo no solo al interior del Concejo, sino también de las agudas y siempre avizoras miradas de los órganos de control y que tiene que ver con los recursos, prioridades y presupuestos del Ibal.
Como es bien sabido la entidad a cargo del acueducto y el alcantarillado dejó transcurrir cuatro años sin poder instalar una tubería para el acueducto complementario, no pudo conectar el agua requerida por los apartamentos de El Tejar y poco más que nada hizo en el tratamiento de las aguas residuales o el manejo de las aguas lluvias. Sin embargo, asombra la diligencia y la rapidez con que actuó en un tema que por ningún lado aparecía entre sus prioridades y presupuestos, como es el tanque para el servicio de los lotes situados a continuación de la Fiscalía (esos sobre los que Cortolima no se percató de la desenfrenada tala de árboles ni la criminal agresión a los terrenos, las escorrentías y el paisaje).
Pues bien, para el exclusivo uso de esos desarrollos y casi de la nada surgieron 10 millardos de pesos para contratar en Inglaterra un tanque sobre medidas que, cosa de la vida, servirá exclusivamente para el desarrollo urbanístico y el mayor valor de los mencionados lotes, mientras para otras áreas habitadas de la ciudad que reclaman infructuosamente por un suministro confiable de agua la respuesta es siempre negativa.
¿Será que son muy efectivos los llamados incentivos de localización?
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