Editorial: Extraños obstáculos

Misteriosamente todos los intentos para cumplir con la directiva presidencial han encontrado en el Ministerio de Ambiente un insuperable obstáculo y, por el contrario, se ha conminado a los funcionarios responsables de hacerlo a no proceder en el propósito de redactar las instrucciones para erradicar su uso.

En el país y periódicamente se repiten situaciones que parecen calcadas y que ocultan extraños intereses. En el gobierno de Belisario Betancur se produjo el consenso global sobre el dañino efecto del DDT en los seres humanos y el ambiente, por lo que el compuesto químico, que poco antes era usado hasta en los hogares, fue proscrito universalmente.

El último bastión para la venta fue Colombia, donde inexplicablemente continuó su comercio y, por la misma razón, todas las existencias del producto que quedaban en América del Sur fueron reubicadas en el país. El Ministerio de Agricultura, encabezado por el recientemente fallecido Roberto Mejía, libró una prolongada campaña para proscribir el DDT, que paradójicamente se obstaculizaba desde el Ministerio de Salud. Fue necesario que el ministro Mejía reclamara ante Betancur por la obstrucción para que finalmente saliera el decreto prohibiendo la venta del químico.

El pasado mayo se llegó a un acuerdo para prohibir el uso del glifosato (un producto de la multinacional Monsanto) para la aspersión en los cultivos de coca. La razón esgrimida: un informe de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer AIIC que señalaba al glifosato como potencial cancerígeno.

El Ministerio de Salud, en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS, elaboró la documentación conducente a cumplir con la decisión del Gobierno nacional para prohibir ese particular uso a más tardar el primero de octubre próximo, en lo que ha sido secundado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que considera inútil la aspersión en el control del narcotráfico y sobre todo el empleo de cerca del uno por ciento del PIB nacional durante tres lustros en esa infructuosa tarea.

Misteriosamente todos los intentos para cumplir con la directiva presidencial han encontrado en el Ministerio de Ambiente un insuperable obstáculo y, por el contrario, se ha conminado a los funcionarios responsables de hacerlo a no proceder en el propósito de redactar las instrucciones para erradicar su uso.

¿Será necesaria, otra vez, como en tiempos de Betancur, la intervención del Presidente para cumplir con el propósito?

REDACCIÓN EDITORIAL

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