El país parece encaminado a consolidar, en un plazo menor a seis meses, un acuerdo con las FARC-EP que pondrá fin a una confrontación que ha significado el desangre de su gente por años sin cuento (todo si las discrepancias sobre los textos acordados pueden solucionarse). Si todo marcha dentro de las expectativas a tal acuerdo ha de sumarse el ELN en un corto plazo. Ocurrido lo anterior habrá un lapso de 60 días para que los grupos insurgentes que se acojan al acuerdo procedan a dejar las armas y vendrá un período en el cual la ciudadanía ratificará los acuerdos o se opondrá a los mismos. Si, como gran parte del país así lo espera, el acuerdo ha de ratificarse, comenzará entonces, el enorme y prolongado proceso por medio del cual se conocerá la verdad sobre lo sucedido y la responsabilidad que le cabe, en esa tragedia colectiva, a distintos sectores de la sociedad.
Por duro que sea el trámite ha de erradicarse la impunidad que se produce por la ausencia de sanción moral, el silencio, la negación, la minimización y banalización de los hechos y, algo realmente asombroso, la asignación de culpa a las víctimas.
Debe existir el convencimiento de que lo que viene, con o sin paz, ha de lograrse con el trabajo, la generosidad y el compromiso de todos, pues habrá que reconstruir comunidades a través de la reconstrucción de la memoria; así como exaltar y reconocer la decencia, el valor y la entereza moral de quienes se han enfrentado a los crímenes y vilezas de los bárbaros.
Ha de entronizarse la memoria como reclamo, pedagogía social y reparadora, decir lo que otros no pudieron, no pueden decir o no saben decir. Sin duda, construir la paz ha de ser tremendamente costoso, pero mucho más costoso resulta mantener la guerra. Debe definirse el pasado como prólogo de todo lo que es menester hacer.
Como a lo largo del debate de cara a las elecciones regionales del próximo 25 de octubre es muy poco lo que se les ha escuchado sobre el tema a los candidatos, esa ausencia de mención debe repararse en los próximos días. Muy especialmente por el hecho de que las condiciones de los municipios, los departamentos y regiones son muy particulares, difieren entre sí y han de tener tratamientos distintos.
Un asunto que ha de acaparar la atención del país por muchos años hace obligatorio que quienes pretenden administrar departamentos y municipios por cuatro años tengan una visión clara de lo que han de afrontar, la manera como tendrán que allegar los recursos y disponer los equipos con los que se ha de adelantar tan compleja tarea. El Tolima ha sido origen de exiliados por lo menos en los últimos 65 años e Ibagué ha sido receptor de desplazados de las diversas olas de violencia que se han padecido. Al punto de que no menos del 10 por ciento de los habitantes de la capital del Tolima han buscado en la ciudad el abrigo y protección del que carecían en sus lugares de origen. Motivo de más para que a la cabeza de la agenda de los candidatos figure el tema de lo que habrá de hacerse para la reconciliación y la reconstrucción.
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