Parecería superfluo recalcar sobre la importancia que para la región y sus habitantes ha tenido y tiene el primer centro de educación superior del Departamento: La Universidad del Tolima.
En plena Violencia hizo su aparición lo que significó la apertura de horizontes para miles de jóvenes que de otra manera jamás habrían tenido la opción de llegar a las aulas de una universidad.
Muchos recordarán el auge de las facultades de Agronomía y Veterinaria (algunos añaden la efímera existencia de Bellas Artes e incluyen también a Ingeniería Forestal) que hacían que de todas partes del país asistieran estudiantes atraídos por la calidad de los estudios que allí se ofrecían.
Luego vino lo que todos conocen, la nefasta influencia de intereses politiqueros de diversas tendencias que convirtieron al centro académico en apetecido botín burocrático y fuente de contratación que vinieron a traducirse en la distribución de porciones a los segmentos que confluyen en la selección de la administración y que ha significado la creación de feudos independientes (conducta de la cual no está exenta la organización estudiantil) y la transformación del ente educativo en un gueto cada vez más aislado de la comunidad y los intereses regionales.
Por supuesto que atender todos los apetitos y simultáneamente han tornado a la institución en una organización a la que se puede considerar como inviable. Al menos con los recursos con los que cuenta actualmente. Algunos de ellos pueden optimizarse pues se derivan de mandatos legales, como los establecidos por Ordenanza departamental (hace falta, entonces, que se midan y soliciten con oportunidad, método y argumentos).
Las otras patas de la mesa presupuestal son las que fallan pues resulta completamente absurdo que en medio de escasez de recursos las órdenes de trabajo pasen en un período de 64 a 635 o que el personal transitorio casi se duplique al pasar de 121 a 216 trabajadores. Nadie duda de la preocupación por la calidad educativa que coincide con la vinculación de profesores con grados de maestría y doctorado, pero esta intención debe coincidir con la disponibilidad de recursos para formar y contratar a los docentes o, en caso contrario, contribuir a la ruina de la entidad.
Como se decía al principio, nadie discute la importancia ni la necesidad que la región tiene de la existencia de un centro de educación superior de calidad y enfocado a atender las necesidades educativas de los sectores menos pudientes, pero por la misma razón, la obligación primordial de su comunidad y administradores es la de garantizar la supervivencia del ente, por lo que debe ponerse coto al desperdicio, los gastos superfluos, y el despilfarro, asuntos en los que ha fallado la actual administración en materia grave.
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