No cesa en el país la controversia por el escándalo del manejo de los recursos destinados a la alimentación de la población infantil, así como los asignados a los complementos alimenticios que se brindan en el sistema educativo.
Algunos mandatarios regionales (en especial de la región Caribe donde se han detectado saqueo y malversación) han rechazado las sindicaciones que se les hace a sus administraciones y, por el contrario, indican que gran parte del problema estriba en los recortes a los presupuestos hechos por el gobierno central y manifiestan que esta tarea debe ser de responsabilidad del presupuesto nacional.
En medio de los dimes y diretes nuestro periódico hermano Q´hubo, publicó el pasado viernes un análisis de las falencias que afectan primordialmente a la población indígena del departamento, que alcanza al 5 por ciento de los habitantes y entre las comunidades Nasa y Pijao suman más de 77 mil tolimenses.
El informe hace énfasis de la presencia en el Tolima de muertes por desnutrición en los últimos meses, así como la presencia del flagelo en extensos grupos, particularmente en indígenas.
Debe partirse de que la desnutrición y sus consecuencias, como la muerte y la disminución de capacidades, es un crimen imperdonable cuya presencia debe ser erradicada y tal responsabilidad corresponde a los gobiernos desde el nacional hasta los locales, pasando por los seccionales.
Gran parte de las deficiencias palpables no se originan en falta de recursos sino a la mala administración de los mismos, a la falta de idoneidad y compromiso de los funcionarios y a un permanente saqueo.
Una sola muerte por desnutrición es una vergüenza insoportable, más cuando en territorio tolimense ocurrieron cinco en el 2015 y, se estima que en el primer trimestre del presente año ya suman cuatro los decesos por la misma razón.
Igual de imperdonable lo que ocurre en comunidades con necesidades básicas insatisfechas (entre las que se destaca la población indígena) con una elevada incidencia que supera el 25 por ciento de desnutrición en la población infantil.
Resulta obligatorio e impostergable para los gobiernos establecer la solución de estas deficiencias a la cabeza de las prioridades y los presupuestos. Es cuestión de humanidad.
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