La caída de los ingresos por razón del descenso de los precios del petróleo y otros combustibles ha provocado que el Gobierno nacional dirija los ojos, ahora sí con seriedad y severidad, hacia factores que a la par de afectar gravemente la producción nacional y el empleo, contribuyen sensiblemente a reducir los ingresos del erario.
En efecto, de unos meses para acá se percibe una acción continuada y coordinada contra las redes de contrabando que anteriormente eran miradas como meras contraventoras.
Las pesquisas han comprobado que el contrabando es el sistema por antonomasia empleado para lavar los dineros producto del narcotráfico, la corrupción, la extorsión y el secuestro y simultáneamente permite introducir al país desde armas y municiones hasta la compleja maquinaria utilizada en la minería criminal.
En la medida en que se profundiza en el problema se van encontrando mayores y más extensas ramificaciones. De hecho ha salido a la superficie la presencia de organizaciones de ciudadanos de nacionalidad china que a la vez de inundar el país con mercancía a precios con los que no puede competir la producción nacional, permiten la presencia de gran cantidad de personas de esa nacionalidad que laboran en Colombia sin los papeles que les permitan hacerlo y sin cumplir ninguna de las obligaciones ni preceptos legales.
De la misma manera aparecen a la vista de las autoridades decenas o centenares de retroexcavadoras y equipos periféricos, cuyo costo individual es cercano al millardo de pesos y que pasan por aduanas, retenes y vigilancia de autoridades del orden nacional, departamental y municipal para desarrollar su función de muerte y destrucción en medio de la mayor impunidad.
La Dian calcula que el contrabando significa no menos de seis millardos de dólares (algo así como 18 billones de pesos) los perjuicios y menores ingresos para el fisco por cuenta del contrabando, sin contar lo que este repercute en pérdida de empleos, en menor valor agregado y en menor recaudo de impuestos de quienes ven desaparecer su actividad y medio de subsistencia por cuenta de la actividad criminal.
La guerra al contrabando debe ser una obligación permanente y coordinada con la participación de toda la sociedad.
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