En la medida en que se considera trascendental lo relativo al proceso de paz y lo que al respecto se decida ha de tener enormes repercusiones sobre la situación del país y las generaciones venideras es menester continuar insistiendo en la necesidad de que la ciudadanía conozca, cada vez más, de lo que se discute y los efectos que puede tener sobre la vida y proyecciones de los colombianos.
Es de anotar que en la medida en que se van concretando los términos y se definen los alcances de la negociación comienzan a ponerse en movimiento las acciones de las organizaciones y entidades que se han comprometido con el buen suceso de la iniciativa, pues no cabe duda de que ese es un esfuerzo gigantesco que no va a improvisarse de la noche a la mañana.
Como también existen contradictores que bajo ninguna circunstancia van a cejar en su oposición a la propuesta y han de encontrar los elementos para criticar empecinadamente, resulta natural que quienes han promovido la idea vayan tomando posiciones y realizando movidas estratégicas para contrarrestar las rutinarias censuras a cualquier desarrollo en beneficio del proceso.
Precisamente esa parece ser la razón de la decisión gubernamental de designar como gestores de paz a los ex guerrilleros del ELN, Gerardo Antonio Bermúdez “Francisco Galán” y Carlos Velandia “Felipe Torres”, antiguos integrantes de las directivas del grupo guerrillero y quienes después de haber pagado sus condenas en prisión y haberse convertido en propiciadores del cese al fuego del ELN, han vuelto a quedar en la mira de la Fiscalía, por cuenta del proceso por un acción sucedida mientras estaban prisioneros.
La rápida acción del gobierno envía un mensaje claro no a la comandancia del ELN sino a la de las Farc que refuerza la voluntad del Ejecutivo de acogerse a los compromisos, ya que el ELN ha manifestado no sentirse representado en manera alguna por “Galán” y “Torres”.
De otro lado, el anuncio de las Naciones Unidas de conformar los grupos que han de supervisar las concentraciones de los guerrilleros de las Farc que han de dejar las armas, ha provocado la reacción del otro extremo del espectro político y ha señalado, de boca del inefable senador Uribe, que no deben admitirse los 60 cubanos que harán parte del contingente de 500 enviados por las Naciones Unidas y conformado por personal de países como Paraguay y Ecuador.
La oposición se basa en el hecho de que en los años 60 del siglo pasado guerrilleros colombianos acudían a Cuba a recibir entrenamiento. Si el caso fuera con peruanos se traería a cuento la guerra de los años 30 con ese país y, si de Venezuela se tratara, se recordaría algún desafuero del general José Antonio Páez en tiempo de la Gran Colombia. Nada nos debe sorprender.
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