Editorial: Una solución que se volvió problema

La Uspec, que se creó como remedio para un grave problema, resultó ineficiente y con muchas manchas de corrupción, es decir, no ha sido solución sino un nido de dificultades y tropiezos para el Estado.

Durante el último medio siglo, Colombia ha hecho numerosos intentos para solucionar el problema carcelario. Estos han resultado infructuosos, poblados de equivocaciones. La más reciente tentativa es la declaratoria de emergencia sanitaria en las cárceles que decretó el actual Ministro de Justicia, ante la grave crisis de salubridad y hacinamiento que hay en los penales del país; pero sus efectos no se conocen aún.

Otro intento de solucionar tal dolor de cabeza fue la creación, hace varios años, de una entidad estatal, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), para administrar los recursos destinados a la población carcelaria y para ejecutar obras en los establecimientos penitenciarios. Desde sus comienzos, en ella ha habido señalamientos contra administradores y funcionarios, episodios de yerros y procederes que rompen los cánones de rectitud, eficacia, ética y buen comportamiento disciplinario.

Hace poco la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría que hizo a la Uspec sobre la ejecución de sus planes y presupuestos en 2015. La calificación dada a la Uspec en tal período fue: “desfavorable”.

En los últimos meses los medios de comunicación han informado de manera amplia sobre el alto porcentaje de hacinamiento y el problema de salubridad que hay en las cárceles. En la auditoría de la Contraloría se encontró que la Uspec tiene presupuesto no usado entre 2013 y 2015 por más de $313 mil millones de pesos, mientras incumplió protuberantemente sus metas de combatir el hacinamiento carcelario. Tal contradicción pone en evidencia la ineptitud de los administradores de dicha dependencia estatal.

En materia de la contratación suscrita por la Uspec, se halló favoritismo en la adjudicación de contratos, entrega de anticipos injustificados a contratistas, pliegos de condiciones direccionados, falta de transparencia contractual y a los contratos en ejecución no se les hace la debida vigilancia.

A ello se suman las deficiencias que hay en materia de salubridad en las cárceles, los problemas con los brazaletes electrónicos adquiridos para controlar a los procesados que gozan de beneficios extramurales y el incumplimiento en varios contratos de suministro de alimentación a los internos en diversas cárceles.

Esta entidad, que se creó como remedio para un grave problema, resultó ineficiente y con muchas manchas de corrupción, es decir, no ha sido solución sino un nido de dificultades y tropiezos para el Estado.

REDACCIÓN EDITORIAL

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