La noticia, como lamentable y peligrosamente suele suceder con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, no tuvo mayor trascendencia. Ni en los medios de comunicación, ni entre la ciudadanía. Pero es muy grave.
El año pasado fueron deforestadas, aunque arrasadas podría ser un vocablo más preciso, 124.035 hectáreas de bosques en el país, cifra que no solo es escandalosa por sí misma, sino por todo lo que significa adicionalmente en varios frentes.
Repetir, por ejemplo, el papel de los árboles en la producción de agua y aire puro, elementos sin los cuales no puede existir la vida, jamás estará de sobra. Particularmente, si se tiene en cuenta que es una realidad que la especie humana, en teoría la más evolucionada del planeta, se niega a aceptar.
Sin embargo, a ese aspecto hay que agregarle que buena parte de los terrenos destruidos responde a la propagación de actividades ilegales como los cultivos ilícitos y la minería prohibida, lo cual le agrega amenazas a la ya de por sí peligrosa situación.
Como se mencionaba en este mismo espacio editorial hace pocas semanas, la expansión de los sembradíos de coca ante la mirada indiferente del Gobierno nacional, no solo aporta su destructiva cuota a la depredación de la naturaleza, sino que de paso, facilita y permite la expansión de una actividad que ha tenido consecuencias nefastas tanto para la convivencia como para la economía y los valores éticos de esta sociedad.
Y es que de hecho, la deforestación no es lo único a tener en cuenta. Si a la tala de árboles se le suman los químicos tóxicos que por cientos de miles de galones se depositan en los ríos y quebradas, o los millones de toneladas de basura que no se reciclan y que son simplemente arrojadas a cielo abierto con todas las consecuencias que ello genera, se tiene un panorama más claro de lo que los colombianos le estamos haciendo a este país.
Noticias como las que hoy se comentan no son solo cada vez más frecuentes, sino más graves porque implican siempre números en ascenso; y si tanto la ciudadanía en general como las instituciones estatales no se deciden de una vez por todas a actuar de manera rápida y contundente, muy posiblemente cuando las circunstancias las obliguen a hacerlo ya será demasiado tarde.
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