Ex magistrados tolimenses untados

Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Representantes, Senadores, Magistrados, Jueces, entre otros, han estado en la palestra pública, y sin un tribunal de aforados que permita juzgar con mayor precisión y firmeza a quienes cometen actos de corrupción, resulta muy difícil garantizar que no haya impunidad en casos como el descrito.

Hoy por hoy, ha quedado demostrado que en Colombia las tres ramas del poder público han sido penetradas y corrompidas por la corrupción. Nadie se salva de los escándalos, los enredos y todo aquello que incluya una buena suma de dinero a cambio de usar el poder y los cargos públicos de manera ilegal.

El escándalo de Odebrecht ha salpicado a varios funcionarios públicos, incluido al actual Presidente de la República, y a otros tantos que también quisieron serlo, pero que no pudieron porque otros enredos así lo impidieron. El autodenominado perseguido político Andrés Felipe Arias, así como su copartidario Óscar Iván Zuluaga, también fueron mencionados en el caso de la multinacional brasilera y actualmente son investigados, uno prófugo y el otro desdibujado de la arena política.

Como si eso fuera poco, esta semana el país se enteró de que tres ex magistrados de la Corte Suprema, al parecer hacían parte de una red de corrupción al interior de la alta corte. En medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía con el apoyo de la justicia estadounidense en contra de Luis Gustavo Moreno, ex fiscal anticorrupción preso por corrupción, fueron mencionados los nombres de los ex magistrados Francisco Ricaurte y los vergonzosamente tolimenses Camilo Tarquino y Leonidas Bustos, quienes gozaban de respeto y credibilidad. Juntos en el ejercicio de sus funciones habrían exigido entre mil y cinco mil millones de pesos con el fin de interceder y frenar posibles sanciones en proceso adelantadas en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, tal y como según ellos mismos, habían hecho anteriormente a favor del exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial por el uribismo, Alfredo Ramos, y de los senadores Musa Besayle, y el Conservador Hernán Andrade, famoso en el Tolima por venir como ave cuaresmera en época de elecciones a llevarse los votos.

Si antes los juristas de las altas cortes eran personas respetadas y admiradas por su transparencia y pulcritud, hoy ni siquiera ellos se libran del cáncer que corroe a Colombia y que por momentos permite pensar que lo anormal en la vida pública y en la política es que alguien resulte siendo honesto. Lo ocurrido además de confirmar que en nuestro país cada vez es más difícil confiar y creer en la ética y la honestidad de alguien, especialmente de nuestros funcionarios, reitera lo positivo que ha sido que las Farc hayan silenciado sus fusiles, pues solo así hemos logrado escuchar los grandes estruendos de la corrupción, que siempre han estado ahí, pero que no habían sido visibilizados porque nos vendieron la idea de que el único problema de Colombia eran las guerrillas.

Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Representantes, Senadores, Magistrados, Jueces, entre otros, han estado en la palestra pública, y sin un tribunal de aforados que permita juzgar con mayor precisión y firmeza a quienes cometen actos de corrupción, resulta muy difícil garantizar que no haya impunidad en casos como el descrito.

REDACCIÓN EDITORIAL

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