Chamos y más chamos

A pesar de que el gobierno colombiano ha sido solidario, permitiendo y facilitando su ingreso con el fin de abastecerse o buscar mejores oportunidades aquí, algunos de los migrantes no han sabido retribuir dicho gesto, y han empezado a exigir derechos y otro tipo de requerimientos que no le competen al estado colombiano solventar.

Se agudiza la crisis de los venezolanos en Colombia. Pese a la buena voluntad de nuestro país con quienes han encontrado refugio en distintas ciudades, el tema pareciera estar saliéndose de control, y a diferencia de lo que pensaríamos días atrás, creemos hoy que es necesario revisar las condiciones en las que están llegando los vecinos, más aún cuando se han conocido infinidad de casos en los cuales algunos de ellos han estado inmersos en hechos delincuenciales.

La capital del Norte de Santander es desde hace un buen tiempo, una zona de escampadero de cientos de venezolanos, quienes se han ido instalando en lugares públicos como parques y plazoletas a los que incluso han bautizado como “Zonas Caracas”. A pesar de que el gobierno colombiano ha sido solidario, permitiendo y facilitando su ingreso con el fin de abastecerse o buscar mejores oportunidades aquí, algunos de los migrantes no han sabido retribuir dicho gesto, y han empezado a exigir derechos y otro tipo de requerimientos que no le competen al estado colombiano solventar.

Hoy por hoy, se estima que más de 44 mil personas pasan a diario desde allá, y según las autoridades un importante número de personas de ese país, han ido quedándose, generando sobrepoblación, y algunos problemas de tipo social, tanto para ellos, quienes si tienen algo de suerte están empezando a ser contratados para diversos trabajos a cambio de muy bajos salarios, como para los colombianos que ahora han tenido que luchársela en todo sentido contra los foráneos.

Una de las preocupaciones, es que de los más de 550 mil venezolanos que actualmente permanecen en Colombia, solo el 2% cuenta con una afiliación al sistema de seguridad social, alertando sobre posibles propagaciones de virus y enfermedades sin tener cómo combatirlas. Así mismo y quizás la mayor angustia frente al tema, es precisamente el aumento de los delitos cometidos por venezolanos en nuestro país, pues al finalizar el 2017, fueron más de 400 personas las capturadas, y recientemente, uno de ellos fue apresado luego de aparentemente haber participado en los atentados del ELN, grupo que estaría valiéndose de la necesidad de los venezolanos para inducirlos a cometer crímenes.

Además de la alerta emitida por la Canciller colombiana, respecto a la deportación inmediata de los venezolanos que cometan delitos en nuestro país, es perentorio poner controles eficaces en la frontera, sin que esto quiera decir que se les cierre el paso. Por ejemplo, deberían ser prioridad antes que cualquier extranjero, los miles de colombianos que desde hace tiempo residen en Venezuela, y a causa de la crisis humanitaria han tenido que regresar a su tierra, así como también buscar la forma, sea a través de una organización o fundación del gobierno, que permita condensar ayudas que desde aquí puedan hacérsele a los “queridos chamos” sin que eso implique que debamos asumir todas sus cargas, que, si bien lamentamos, no son nuestras, pues aquí cargamos con las propias. Urge hacer algo antes de que salgamos pagando caro el favor.

REDACCIÓN EDITORIAL

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