El aparentemente culminado proceso de paz entre el Gobierno y las Farc pasa por el momento de tensión más álgido. La captura del exjefe guerrillero Jesús Santrich, y que sorprendió al país, luego de que se conociera que luego de la firma de la paz, habría seguido delinquiendo y coordinando el envío de droga a los Estados Unidos, decepcionó a los ultra defensores del proceso, y al menos en ello, les dio la razón a los opositores del mismo y quienes manifestaban que las Farc seguían lavando dinero y traficando.
Lo segundo que ha puesto en tela de juicio la transparencia del proceso y de los mismos acuerdos, han sido las denuncias emitidas por el Fiscal General de la Nación, y que tienen que ver con los recursos del posconflicto entregados por parte de distintos países, así como también del mismo Estado colombiano, y de los que se ha dicho, no han sido ejecutados con transparencia y apegados a la ley.
En la misiva enviada por Néstor Humberto Martínez al presidente Santos, se denuncia una supuesta red de intermediarios en la contratación de proyectos de paz, con el fin de sacar provecho económico a través de particulares, licitaciones dudosas, empresas interventoras de los mismos contratos “enmermeladas”, entre otros.
Frente a lo sucedido con Santrich, y aunque aún falta que se aclaren algunos temas respecto al mismo, el Acuerdo es claro, cuando afirma que quien infrinja la ley luego de haber firmado la paz, deberá ser juzgado por la justicia ordinaria, pues no hay inmunidad perpetua. Aquello, esperamos, no afecte lo ya acordado, y en ello pareciera estar de acuerdo el mismo Timochenko, quien en lugar de afirmar que lo de su compañero era un montaje como hicieron otros personajes, exigió garantías y debido proceso.
En el tema de los dineros, aunque resulta inconcebible que se “pierdan” o más bien se los roben, no sorprenden las marrullas denunciadas, teniendo en cuenta que cuando ocurrió la tragedia de Armero, los recursos del extranjero alcanzaron para muchos, incluso que no habían sido víctimas, al igual que en la reconstrucción de Armenia luego del terremoto, y según lo denunciado, también estaría por pasar con los 7 millones de dólares que donó Emiratos Árabes para Mocoa, entre otras naciones.
Hoy, es justo y necesario que el Gobierno Nacional le brinde tranquilidad no solo a las millones de víctimas que dejó el conflicto y que hoy esperan una ayuda económica, programas de emprendimiento, reintegración, entre otros, sino a la comunidad internacional, que probablemente se ha visto defraudada frente a los cuestionamientos.
Luego de esa tormenta de balas, que a su paso dejó desolación y muerte en casi la totalidad del estado colombiano en 60 años de guerra, lo ideal sería que esa deuda moral y social se pague con oportunidades, salud, bienestar, y una mejor calidad de vida, pues se podrán robar los dineros, pero nunca la esperanza de creer en un país mejor.
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