Inminente fraude electoral

Con base en lo anterior, habría que mirar qué candidatos ganan en esas poblaciones, y preguntar ¿Qué garantías pueden tener los colombianos a la hora de elegir su candidato? ¿Está politizada la Registraduría? ¿Cómo explicar que aún sabiendo lo denunciado, no se haga nada por remediarlo o evitarlo?

Según la Misión de Observación Electoral, en 82 municipios de Colombia, hay más votantes inscritos que habitantes. Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, y Tolima, encarnan esa lista, y pareciera que eso no fuera grave, pues nada pasa, a pesar de que dicho dato, fue alertado por la MOE en enero de este año, es decir, antes de las elecciones de congreso en marzo.

Para las presidenciales de la próxima semana, al menos en el Tolima, el panorama sigue siendo el mismo. La MOE regional reportó recientemente que, en algunos municipios del departamento, en el censo electoral, hay mayores inscritos que la población que habita esas localidades, alertando sobre un aparente fraude o trashumancia de votos.

En Ambalema, Piedras, y Prado, hay más gente inscrita para votar, y aunque la diferencia con el número de habitantes no es abismal, las cifras representan una importante diferencia, que pareciera no tener explicación lógica, más allá del trasteo de votos, que se da en lugares y zonas recónditas, sin que las autoridades se percaten o tomen medidas.

De la misma forma, la MOE alertó desde ya, que, en municipios como Alvarado, Villarrica, Carmen de Apicalá, Suárez y Santa Isabel, tanto el número de habitantes, como el número de inscritos, están muy cerca, a punto de ser igualados, lo cual, aunque no necesariamente quiera decir que es ilegal, sí es demasiado extraño y suspicaz, teniendo en cuenta que no toda la población acude a las urnas, y es normal que haya apatía o abstencionismo.

Llama la atención, y es que, a pesar de esas denuncias, no haya sanciones, y la labor de la Misión de Observación Electoral, importantísima y necesaria para la democracia; termine siendo desestimada y no tenida en cuenta, pues basta con mirar denuncias anteriores, e incluso como bien decíamos al inicio, lo revelado en enero en donde según la MOE, para las elecciones de marzo, en varios municipios colombianos votaron más personas que las mismas que allí residían.

A esas denuncias hechas, habría que agregarle lo denunciado recientemente por la Fundación Paz y Reconciliación, quienes manifestaron que un fraude electoral, pudo haber alterado entre el 10 y el 20% de las elecciones de congreso en marzo. Aquella hipótesis basada en las diferencias entre los formularios E14 diligenciados por los jurados de votación, y los E24 diligenciados al final del escrutinio.

Igualmente, la denuncia de los llamados “colchones electorales”, lo cual no quiere decir otra cosa que paquetes de 1.000 y 2.000 votos que se venden al final de la jornada electoral, y que pueden terminar definiendo una elección.

Con base en lo anterior, habría que mirar qué candidatos ganan en esas poblaciones, y preguntar ¿Qué garantías pueden tener los colombianos a la hora de elegir su candidato? ¿Está politizada la Registraduría? ¿Cómo explicar que aún sabiendo lo denunciado, no se haga nada por remediarlo o evitarlo?

REDACCIÓN EDITORIAL

Comentarios