Que, si se vende, que, si no se vende, que la intervención no ha servido de nada, y que ha salido peor la cura que la enfermedad, entre otros, son los muchos argumentos e informaciones en medio de la crisis del Hospital Federico Lleras Acosta, que pese a ello y al desfinanciamiento que arrastra desde hace algunos años, aún se mantiene en pie, luchando en medio de la corrupción, a través de la historia.
El Federico es la muestra más grande del gran problema que arrastran los hospitales del país, y especialmente los de nuestro departamento, debido a las deudas de las EPS, la mayoría de ellas, lejos de ser saldadas, por cuenta de la liquidación e inminente desaparición de la respectiva empresa deudora.
Según datos de Supersalud, a junio del presente año, la cartera de las entidades promotoras de salud, con los hospitales del Tolima, ha sobrepasado los 350 mil millones de pesos, siendo ello una cifra escandalosa, y preocupante, debido a que principalmente, son los hospitales de segundo y tercer nivel, los que presentan déficit de cartera por endeudamiento, y lo que peor es que esa cifra se sigue agrandando.
Entidades como Comparta, Asmet Salud, Ecoopsos, Saludvida, Pijaos Salud y Nueva EPS, hacen parte de la lista de morosos, con quienes los hospitales de Honda, Purificación, Lérida, Líbano, y Espinal, han empezado a realizar mesas de trabajo, con el fin de buscar alternativas de pago, ante la vista de funcionarios de Supersalud, cosa que pareciera ser un pañito de agua tibia, pues también se han hecho reuniones con delegados de la Procuraduría, sin que pase mayor cosa, que acerque las soluciones.
Aunque parezca sencilla y lógica, ante los problemas financieros del Federico, y demás hospitales del departamento, es que los morosos paguen lo que deben, ya que ni el Gobierno departamental está en la capacidad de asumir esos vacíos financieros, especialmente el del Federico, y el Gobierno nacional, aunque prometió apersonarse de la crisis del Federico, apenas está aterrizando los muchos problemas heredados por el anterior gobierno, pero también aquellos que son estructurales, como el de la educación superior pública, y desde luego el de la salud, el cual el sistema colapsó hace bastante tiempo.
¿Será posible embargar, secuestrar bienes, o imponer sanciones a esas entidades promotoras de salud que tienen prácticamente en quiebra a los hospitales públicos en Colombia, y especialmente en el Tolima como el Federico? ¿O habrá que esperar que como ocurriera en el pasado con la Universidad del Tolima, la crisis toque fondo y se enfrente a la inminente liquidación?
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