Hoy se conmemora los 71 años del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Año tras año los historiadores reviven e interpretan desde distintas realidades políticas las consecuencias de este lamentable hecho acontecido en 1948.
La pregunta que nos hacemos es si los colombianos hemos aprendido de las adversidades o seguimos repitiendo la historia, porque no la conocemos o no conviene aprender de la misma.
En estos 71 años, lamentablemente hemos asimilado poco porque nuestra cultura democrática es frágil y si bien tenemos un sistema electoral recurrente una buena parte de los colombianos no confían en los partidos políticos y sus líderes y todavía resolvemos nuestros conflictos ejerciendo la intimidación de manera directa o indirectamente.
Como Gaitán también han sido víctimas del fanatismo líderes políticos, sociales y religiosos como: Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano, Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leóngomez, Carlos Toledo Plaza, Carlos Mauro Hoyos, Antonio Roldán Betancur, Álvaro Gómez Hurtado, Manuel Cepeda Vargas, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Garzón, Isaías Duarte Cansino entre otros. Penosamente para cada suceso encontramos una excusa.
Si agregamos a esta lista el asesinato de líderes sociales donde más de 311 de ellos han sido víctimas (informe de la Defensoría del Pueblo) desde que se firmó en el 2016 el acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y las Farc, observamos que aun perseveramos en el error.
Colombia tiene una oportunidad que se debe defender como es la Justicia Especial para la Paz (JEP) que cuenta con un amplio respaldo de los organismos internacionales como la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y países como Alemania, Suiza, Francia, Países Bajos y Noruega.
La ONU declaró que la JEP es el mecanismo que garantiza y ampara los derechos de las víctimas evitando la impunidad procesando judicialmente los crímenes del conflicto armado.
Las prioridades de Colombia cambiarían a partir de la consolidación de la paz centrando sus esfuerzos en resolver problemas estructurales como el de la salud, en generar confianza entre el Estado y los ciudadanos, en la erradicación de la corrupción, en el control eficaz de la minería ilegal, en la preservación del medio ambiente y la aplicación de políticas de contención frente al cambio climático, la protección de los ciudadanos y en la promoción del diálogo como mecanismo para fortalecer la concordia.
Las nuevas tecnologías como los celulares (hay más celulares que seres humanos) y la masificación de las redes sociales tienen aspectos positivos porque permiten un acercamiento sin límites geográficos, una interconexión que permite salvar vidas humanas. Pero también tiene efectos negativos cuando no tiene un control ético y es utilizada para discriminar, segregar o banalizar las tragedias ejerciendo presión para cambiar comportamientos que pueden atentar contra la libertad; no en pocas ocasiones se han visto linchamientos físicos y morales de ciudadanos por informaciones incorrectas.
Si bien es cierto que estas tecnologías permite la creación de comunidades virtuales no es menos cierto que las comunidades físicas tienen una capacidad de comunicación más profunda que no debemos permitir que se deterioren para beneficio de la convivencia y el incremento de la calidad de vida de los pobladores de nuestras ciudades. Construir una responsabilidad colectiva fortalece la democracia.
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