Retroceso en seguridad y orden público

La violencia en Colombia está ahí. En unas regiones más agazapada que otras y con rostros distintos. Gran reto tiene el Gobierno del presidente Duque de erradicar esos brotes de este mal que ha consumido al país por décadas, con saldos y consecuencias incuantificables.

Colombia volvió a aparecer en la lista negra de los países más peligrosos para viajar, según el Gobierno de los Estados Unidos. El mandato de Donald Trump, en una nueva estrategia de endurecimiento de medidas contra nuestro país, le aplicó al sistema de alerta de viajes la etiqueta k, que significa riesgo de ser secuestrado o tomado como rehén.

Colombia, al lado de México y Venezuela estrenó esta denominación. El informe del Departamento de Estado norteamericano afirma que en nuestro territorio, pese a la firma de un tratado de paz con las Farc, aún hay grupos al margen de la ley.

“Los delitos violentos, como el homicidio, el asalto y el robo a mano armada son comunes. Las actividades delictivas organizadas, como la extorsión, el robo y el secuestro para obtener un rescate, están muy extendidas”, advierte el documento.

Tampoco deja por fuera al Ejército de Liberación Nacional, Eln, de quien refiere que es una organización terrorista que puede atacar lugares turísticos, mercados, centros comerciales, instalaciones de Gobierno y otras áreas públicas.

Fue precisamente esa guerrilla la responsable de la instalación de un artefacto explosivo que le segó la vida a un soldado tolimense en el Departamento de Norte de Santander, cuando el uniformado adelantaba labores de patrullaje para cuidar el oleoducto Caño-Limón Coveñas que ha sido objeto de varios ataques terroristas a su infraestructura.

Otro hecho desestabilizador en Colombia lo acaba de divulgar la Fundación Paz y Reconciliación, en el primer informe de este año sobre violencia y la dinámica electoral de cara a las elecciones locales de 2019.

Las cifras del informe revelan que, en los últimos cinco meses, se han registrado 63 amenazas, seis atentados, dos desapariciones forzadas, seis homicidios, un hurto y una retención arbitraria.

El Tolima concentra el mayor número de víctimas con 13 casos, entre 20 departamentos donde se presentó este tipo de violencia, siendo la amenaza colectiva, el hecho más recurrente.

Mientras todo eso sucede, las familias de exguerrilleros que permanecen en las zonas de concentración en Icononzo y Planadas están a la expectativa de los avances en el proceso de desmovilización que transita por caminos atestados de dificultades.

La violencia en Colombia está ahí. En unas regiones más agazapada que otras y con rostros distintos. Gran reto tiene el Gobierno del presidente Duque de erradicar esos brotes de este mal que ha consumido al país por décadas, con saldos y consecuencias incuantificables.

REDACCIÓN EDITORIAL

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