Wilson Saavedra se convirtió en el primer exjefe de un Frente de las extintas Farc asesinado tras la firma del acuerdo de paz. Su muerte se produjo en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Allí permanecía concentrado en una finca con su familia y otros excombatientes. Durante 30 años perteneció a la insurgencia y fue, por algún tiempo, el comandante del entonces Frente 21 que operaba en los municipios del Sur del Tolima; especialmente, en la zona del mítico Cañón de las Hermosas.
Su muerte ha tenido gran resonancia en la opinión pública, sobretodo en aquella que sigue muy de cerca el desarrollo e implementación del proceso de paz. El hecho también ha generado un profundo rechazo del partido de las Farc, de diferentes sectores de la izquierda y hasta del propio Gobierno Nacional a través de su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Indudablemente, este asesinato no es de poca monta; como quiera que se trata del primer mando en el rango de excomandante asesinado en circunstancias que las autoridades deberán esclarecer pronto. Van 131 excombatientes ultimados desde la firma de los acuerdos de La Habana, según el grupo político.
Los dirigentes del partido de las Farc responsabilizan a los “enemigos agazapados del proceso”; pero ellos y los excombatientes también saben que aún hay heridas sin sanar en las regiones donde impusieron su ley por décadas, y que a nombre de la “revolución” cometieron muchos desmanes y atrocidades que aún duelen y que muchos no logran perdonar. Hay que darse una vuelta por el vasto Sur del Tolima para entender esas realidades, esos temores. Claro está, nada justifica la pérdida de una vida, así sea por retaliación, o por cualquier otra circunstancia.
Sumado a lo anterior, aparecieron amenazas contra líderes de Restitución de Tierras en Roncesvalles, ambientalistas en Cajamarca y panfletos amenazantes en San Antonio. Esta es una región que apenas se está reponiendo del conflicto armado y que ya empieza a vivir la zozobra y el miedo de “no poder salir a pescar de noche”, como decía el maestro Darío Echandía.
Es deber de los organismos de seguridad velar por la vida y seguridad de todos los colombianos, sin distingo alguno. La situación en muchas regiones apartadas, puntualmente en aquellas donde poco se ve la mano del Estado después de la tragedia del conflicto armado, sigue siendo muy frágil, delicada y desesperanzadora.
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