No cayó bien entre los colombianos un artículo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo relacionado con una sobretasa al servicio de energía que será aplicada a los estratos 4, 5 y 6, con el fin de solventar la crisis de la Eletrificadora del Caribe, Electricaribe.
La molestia no es ni siquiera por el monto de lo que tendrán que pagar los miles de usuarios de estos estratos -estamos hablando en promedio de mil pesos mensuales-, sino por el hecho de responder por deudas ajenas. Muchos dicen: no es justo.
La historia de esta compañía se remonta a 1998, cuando las ocho electrificadoras regionales, en los siete departamentos de la Costa Caribe, terminaron bajo el manejo de una sola compañía, que los absorbió a todos, llamada Electricaribe. Desde su creación, la empresa ha tenido toda suerte de dificultades, al punto que el salvamento financiero que planea el Gobierno recaudar con la medida asciende a los 160 mil millones de pesos anuales.
La operación de Electricaribe se ve desbordada por una alta demanda de energía; que según expertos se ve influenciada por tres factores: Primero, el incremento del consumo, debido a las altas temperaturas predominantes en esa región colombiana. Segundo, la costa Caribe tiene, en promedio, 3 y 4 personas más por hogar que el promedio nacional, por lo tanto, consumen más energía. Tercero, la pobreza es alta, los electrodomésticos obsoletos y el consumo mayor.
Algo más de 69 mil usuarios en el Tolima están en el rango de quienes tienen que aportar, desde ahora, al descalabro financiero de Electricaribe. Muchos dicen que da rabia pagar lo que “uno no se ha comido”, para financiar la corrupción, los malos manejos y la irresponsabilidad de muchos en una región como la Costa Caribe; que si bien es cierto necesita el desarrollo, también debe solucionar sus propios problemas.
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