La deuda del Concejo con el pueblo ibaguereño

Varios de los imputados, en un abierto desafío ético a las leyes y a la justicia, decidieron postularse nuevamente como candidatos. Desafortunadamente, la normatividad se los permite. Si resultan elegidos, pero también responsables, la consecuencia podría ser una destitución del cargo.

La actuación del presente Concejo de Ibagué no pudo haber sido más deslucida y hasta vergonzosa, por lo decirlo menos.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el cargo de prevaricato por acción a los concejales de Ibagué Juan Evangelista Ávila, Harold Lopera y William Rosas; también a los suspendidos Oswaldo Rubio y Jorge Bolívar, al aspirante a la Alcaldía Camilo Delgado y al exsecretario de Inclusión Social de la Gobernación, Carlos Portela.

Todo tiene que ver con las presuntas irregularidades cometidas el 9 de enero de 2016 en la elección de Ramiro Sánchez como contralor de la Capital tolimense. Según la Fiscalía, los concejales habrían actuado en contra de la ley al elegir a Sánchez como contralor aún cuando no cumplía con el puntaje mínimo del concurso de méritos, incurriendo en prevaricato por acción.

En criterio del máximo organismo investigador en Colombia, se cuentan con “elementos materiales probatorios suficientes y evidencia física para inferir razonablemente la participación de los concejales -en calidad de autores y a título de dolo- ya que eran conscientes de que su actuar iba en contra de la ley”.

Todas la encuestas que, durante estos cuatro años, incluyeron al Concejo de Ibagué le dieron una muy baja calificación entre los ciudadanos. De eso dan cuenta los registros de prensa en los diferentes momentos en que se hicieron los sondeos. Desafortunadamente, estas Corporaciones Públicas, se han convertido en inscripciones poco proactivas.

El común de la gente piensa que sólo sirven para aplaudir la gestión del mandatario de turno; incluso, en aquellas decisiones en la que saben, con certeza, que se equivocó; pero pueden más los compromisos políticos.

Estamos ad portas de una nueva elección de Concejo. Varios de los imputados, en un abierto desafío ético a las leyes y a la justicia, decidieron postularse nuevamente como candidatos. Desafortunadamente, la normatividad se los permite. Si resultan elegidos, pero también responsables, la consecuencia podría ser una destitución del cargo.

Ojalá el próximo Concejo de Ibagué sea integrado por hombres y mujeres alejados de las componendas y los favores, que mantengan independencia crítica y que representen el sentir del pueblo ibaguereño.

REDACCIÓN EDITORIAL

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