La tragedia del Palacio de Justicia ocurrida en 1985 es un tema que aún, casi 34 años después, genera controversia y dolor entre los colombianos. Este es uno de los episodios de nuestra historia que no ha sido superado y cuyas heridas no han sanado. Es por estas circunstancias que cualquier pronunciamiento, especialmente de las autoridades, debe ser manejado con sumo cuidado.
Por estos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en nuestro país para celebrar su Periodo Extraordinario de Sesiones número 62; en el marco de esta visita se reunirá este viernes, en audiencia privada, con el Gobierno colombiano para revisar la sentencia proferida por este tribunal, en procura de conocer qué ha hecho el Estado para continuar las investigaciones frente al episodio del Palacio de Justicia. Hace cinco años la CIDH declaró responsable al Estado colombiano, entre otras cosas, por la desaparición forzada de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército; así mismo, dispuso que debía llevar a cabo las investigaciones para aclarar la verdad, reparar a las familias y hacer un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en este caso. Además, el organismo supervisará el cumplimiento de la sentencia y dará por finalizada sus tareas en cuanto verifique que se haya dado cumplimiento a la sentencia.
En plena visita de la CIDH, uno de los fiscales encargados de la investigación, Jorge Sarmiento, declaró a un noticiero de televisión que en estos hechos no hubo casos de desaparición forzada, sino que se trató de “malas identificaciones o cuerpos mezclados”. Una vez la noticia generó polémica, el mismo fiscal hizo una gira por diferentes medios de comunicación para aclarar que sus declaraciones solamente se referían a seis de las víctimas cuyos cuerpos fueron localizados e identificados. Los familiares de las víctimas y sus abogados expresaron su indignación por tal pronunciamiento. Para ellos, se trata de una jugada de la Fiscalía que busca desconocer las investigaciones que se han llevado a cabo por años; incluso una de las fiscales que más ha trabajado en el caso, calificó de aberrantes las palabras de Sarmiento.
Lo cierto es que tales aseveraciones no permiten aclarar cuál fue la participación de los agentes del Estado en las muertes de estos colombianos, quiénes fueron los responsables de las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales y por qué muchos de esos cuerpos fueron llevados a cementerios de diferentes partes del país y otros fueron sepultados en la fosa común del cementerio del sur de Bogotá. La Fiscalía ha de ejercer su papel y obtener las pruebas que conduzcan a penalizar a los responsables de los delitos que se cometieron, porque desconocerlos, así como ignorar las sentencias anteriores, no contribuye en nada al esclarecimiento de la verdad.
Comentarios